CASO REYES PENAGOS: UN FIASCO EL PERDÓN
ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 15 de febrero (apro).- La primera ocasión en que el Estado Mexicano pediría perdón público por la tortura y ejecución extrajudicial cometida contra campesinos de esta entidad –de acuerdo a un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- se vio opacado por el desdén de los funcionarios encargados del proceso, y por las denuncias de los afectados respecto a que los principales orquestadores materiales e intelectuales siguen libres y ocupando puestos públicos.
Abogados y familiares del campesino detenido ilegalmente, torturado y ejecutado de forma extrajudicial, pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA eliminar de solución amistosa entre el gobierno mexicano y los familiares de la víctimas.
Luego de que este jueves se declararon decepcionados con lo que pretendió ser el Acto Público de la Declaración de Reconocimiento de Responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos en la que resultaron agraviados los labriegos miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, locales, nacionales e intenracionales criticaron la forma en que se llevó el acto donde no estuvieron las víctimas.
Miembros del Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se rehusaron a estar presentes en el acto porque de ultima hora fueron “engañados” por el Fiscal General del Estado (FGE) quien en un principio dijo que estaría presente en el acto pero finalmente canceló su presencia y envió a un funcionario menor a leer su discurso.
Fabián Sánchez Matus, miembro de la Comisión Mexicana dijo estar decepcionado de la “forma burda” en que se llevo a cabo el presunto acto de reconocimiento de violaciones graves a los derechos humanos y el perdón hacia las víctimas pues con ello no se da cabal cumplimiento al mandato de la CIDH de la OEA por lo que el próximo 5 de marzo pedirán en Washington se elimine el proceso de acuerdo amisto y se siga el procedimiento pues no se ha llevado a cabo como estaba previsto.
En diciembre de 1995, Enrique Flores González y su hija Julieta Flores Castillo, fueron detenidos de forma ilegal junto a Reyes Penagos Martínez, los tres fueron sometidos a crueles actos de tortura documentadas todas en la recomendación 061/96 de la CNDH. Finalmente Penagos Martínez perdió la vida al ser ejecutado de forma extrajudicial, por elementos que actualmente siguen libres o con cargos públicos a nivel estatal y municipal.
El caso que llegó hasta la CIDH de la OEA, podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, dijo Sánchez Matus cuando se pida la revocación del acuerdo de solución amistosa.
Por su parte, Marta Figueroa del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, se dijo más que decepcionada, “apenadas”, porque una vez más fue removida la herida de uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chiapas y no hubo un cabal cumplimiento a uno de los acuerdos emitido por la CIDH de la OEA.
Figueroa dijo que Herrán Salvatti dejó plantados a los familiares y las víctimas que de buena fe tenían previsto estar presentes pero fueron nuevamente agraviados con el desdés gubernamental.
Blanca Patricia Martínez Bustos del Frayba dijo que el gobierno estatal y federal no solo dejaron ir una oportunidad para demostrar su vocación de respeto a los derechos humanos sino que les ganó la soberbia del poder sobre los principios de justicia.
Entrevistada fuera de la FGE, la activista criticó que el evento se haya llevado a cabo hoy justo cuando el gobernador anunciaba de forma espectacular el acto de inicio de entrega de recursos a adultos mayores con el fin de opacar el acto de reconocimiento público de violación a los derechos humanos.
Esperaban que todo fuera un acto protocolario donde estarían autoridades locales y federales sino de primer nivel, si con una alta responsabilidad pero no con funcionarios menores que ni siquiera sabían de que estaban hablando.
Everilda Roblero Villatoro, viuda de Reyes Penagos, no entró al recinto que más que un acto protocolario parecía una rueda de prensa cotidiana, dijo que si el gobierno les ha pedido perdón ella jamás los perdonará máxime cuando los responsables siguen en la impunidad.
Roblero Villatoro llegó acompañado de tres de sus cinco hijos, el más pequeño de nombre Reyes Penagos Villatoro, tenía dos años cuando su papá fue detenido de forma ilegal, torturado y ejecutado por policías judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ahora FGE.
Mario Alberto Trujillo Cortés, fiscal general adjunto para los derechos humanos de la FGE leyó el documento del perdón público a las víctimas y deudos de Reyes Penagos, ausentes en el acto.
José Solano Nolasco, funcionario de la FGE, presente en el acto también dijo que con esto se cumple uno de los requisitos de la CIDH para lograr el acuerdo amistoso y dijo que si bien hay procesos jurídicos contra los que perpetraron la tortura y ejecución no sabe cuantos están presos o libres.
Pero dijo que nadie ha sido exonerado del caso, ni el exgobernador Julio César Ruiz Ferro ni el exprocurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, mucho menos Claudia Trujillo Rincón, exsubprocuradora de derechos humanos, ahora funcionaria de la ayuntamiento de Tuxtla.
Otros implicados de forma directa son el exfiscal de la desaparecida PGJE, José Uriel Estrada Martínez, ahora secretario particular del subsecretario general de gobierno, Ángel Córdova, así como los agentes bajo su mando Francisco Hernández Chacón, jefe de Grupo, y los elementos Bulmaro Trejo López, Martín Hernández Ocaña, Génaro I. Zenteno Orantes, Jaime Arturo Cabrera Ferro, Ronay Luna Pérez; así como Salomón Núñez Díaz, jefe de Grupo, y los elementos César Montes Alegría y Miguel Ángel Hernández Loranca.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 15 de febrero (apro).- La primera ocasión en que el Estado Mexicano pediría perdón público por la tortura y ejecución extrajudicial cometida contra campesinos de esta entidad –de acuerdo a un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- se vio opacado por el desdén de los funcionarios encargados del proceso, y por las denuncias de los afectados respecto a que los principales orquestadores materiales e intelectuales siguen libres y ocupando puestos públicos.
Abogados y familiares del campesino detenido ilegalmente, torturado y ejecutado de forma extrajudicial, pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA eliminar de solución amistosa entre el gobierno mexicano y los familiares de la víctimas.
Luego de que este jueves se declararon decepcionados con lo que pretendió ser el Acto Público de la Declaración de Reconocimiento de Responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos en la que resultaron agraviados los labriegos miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, locales, nacionales e intenracionales criticaron la forma en que se llevó el acto donde no estuvieron las víctimas.
Miembros del Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se rehusaron a estar presentes en el acto porque de ultima hora fueron “engañados” por el Fiscal General del Estado (FGE) quien en un principio dijo que estaría presente en el acto pero finalmente canceló su presencia y envió a un funcionario menor a leer su discurso.
Fabián Sánchez Matus, miembro de la Comisión Mexicana dijo estar decepcionado de la “forma burda” en que se llevo a cabo el presunto acto de reconocimiento de violaciones graves a los derechos humanos y el perdón hacia las víctimas pues con ello no se da cabal cumplimiento al mandato de la CIDH de la OEA por lo que el próximo 5 de marzo pedirán en Washington se elimine el proceso de acuerdo amisto y se siga el procedimiento pues no se ha llevado a cabo como estaba previsto.
En diciembre de 1995, Enrique Flores González y su hija Julieta Flores Castillo, fueron detenidos de forma ilegal junto a Reyes Penagos Martínez, los tres fueron sometidos a crueles actos de tortura documentadas todas en la recomendación 061/96 de la CNDH. Finalmente Penagos Martínez perdió la vida al ser ejecutado de forma extrajudicial, por elementos que actualmente siguen libres o con cargos públicos a nivel estatal y municipal.
El caso que llegó hasta la CIDH de la OEA, podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, dijo Sánchez Matus cuando se pida la revocación del acuerdo de solución amistosa.
Por su parte, Marta Figueroa del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, se dijo más que decepcionada, “apenadas”, porque una vez más fue removida la herida de uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chiapas y no hubo un cabal cumplimiento a uno de los acuerdos emitido por la CIDH de la OEA.
Figueroa dijo que Herrán Salvatti dejó plantados a los familiares y las víctimas que de buena fe tenían previsto estar presentes pero fueron nuevamente agraviados con el desdés gubernamental.
Blanca Patricia Martínez Bustos del Frayba dijo que el gobierno estatal y federal no solo dejaron ir una oportunidad para demostrar su vocación de respeto a los derechos humanos sino que les ganó la soberbia del poder sobre los principios de justicia.
Entrevistada fuera de la FGE, la activista criticó que el evento se haya llevado a cabo hoy justo cuando el gobernador anunciaba de forma espectacular el acto de inicio de entrega de recursos a adultos mayores con el fin de opacar el acto de reconocimiento público de violación a los derechos humanos.
Esperaban que todo fuera un acto protocolario donde estarían autoridades locales y federales sino de primer nivel, si con una alta responsabilidad pero no con funcionarios menores que ni siquiera sabían de que estaban hablando.
Everilda Roblero Villatoro, viuda de Reyes Penagos, no entró al recinto que más que un acto protocolario parecía una rueda de prensa cotidiana, dijo que si el gobierno les ha pedido perdón ella jamás los perdonará máxime cuando los responsables siguen en la impunidad.
Roblero Villatoro llegó acompañado de tres de sus cinco hijos, el más pequeño de nombre Reyes Penagos Villatoro, tenía dos años cuando su papá fue detenido de forma ilegal, torturado y ejecutado por policías judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ahora FGE.
Mario Alberto Trujillo Cortés, fiscal general adjunto para los derechos humanos de la FGE leyó el documento del perdón público a las víctimas y deudos de Reyes Penagos, ausentes en el acto.
José Solano Nolasco, funcionario de la FGE, presente en el acto también dijo que con esto se cumple uno de los requisitos de la CIDH para lograr el acuerdo amistoso y dijo que si bien hay procesos jurídicos contra los que perpetraron la tortura y ejecución no sabe cuantos están presos o libres.
Pero dijo que nadie ha sido exonerado del caso, ni el exgobernador Julio César Ruiz Ferro ni el exprocurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, mucho menos Claudia Trujillo Rincón, exsubprocuradora de derechos humanos, ahora funcionaria de la ayuntamiento de Tuxtla.
Otros implicados de forma directa son el exfiscal de la desaparecida PGJE, José Uriel Estrada Martínez, ahora secretario particular del subsecretario general de gobierno, Ángel Córdova, así como los agentes bajo su mando Francisco Hernández Chacón, jefe de Grupo, y los elementos Bulmaro Trejo López, Martín Hernández Ocaña, Génaro I. Zenteno Orantes, Jaime Arturo Cabrera Ferro, Ronay Luna Pérez; así como Salomón Núñez Díaz, jefe de Grupo, y los elementos César Montes Alegría y Miguel Ángel Hernández Loranca.
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