ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 06 de marzo (apro).- Para uso comunitario, las autoridades ejidales de la comunidad indígena chol, El Limar municipio de Tila, demandaron hoy ante el Tribunal Unitario Agrario de este distrito, que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) les restituya las ocho hectáreas de tierras que mantienen ocupadas como cuartel militar en esa localidad desde hace 11 años.
En el marco de la audiencia de ley llevada a cabo hoy, en la cual se esperaba la presencia de representantes de la SEDENA que de última hora no llegaron, los representantes ejidales de esa comunidad dieron a conocer que al no haber condiciones de violencia e inseguridad en la comunidad es que han empezado a gestionar que se les devuelva esas tierras.
Y que contrario al ambiente de seguridad que supuestamente han propiciado estos 11 años, los militares solo trajeron consigo riesgos y peligros para los lugares donde han generado inestabilidad social.
Recordaron que bajo presiones de los líderes y miembros del otrora grupo paramilitar Paz y Justicia, encabezados por el profesor indígena ahora preso, Diego Vázquez Pérez, las autoridades ejidales “donaron” en julio de 1996 a los militares las más de ocho hectáreas para instalar en las inmediaciones de la comunidad la Base de Operaciones Mixtas (BOM), conformada por elementos del Ejército Mexicano, Policías Estatal de Seguridad Pública y Policías Judiciales.
En el expediente 1144/2006, abierto desde septiembre del 2006 en el Tribunal Unitario Agrario de este distrito número 3, los indígenas choles encabezados por Vicente Hernández López y Vísael Martínez Pérez, comisariado ejidal y presidente del consejo de vigilancia, respectivamente demandan la SEDENA les devuelva las ocho hectáreas de tierras en las cuales pretenden construir obras en beneficio de la comunidad.
Durante estos 11 años, los militares que supuestamente garantizarían las inseguridad ha provocado temor en la región pues es constante las explosiones de granadas de fragmentación en el interior del cuartel, se escuchan disparos de armas de fuegos por las noches, alteran el orden público al ingerir bebidas embriagantes, han propiciado que se trastoque los usos y costumbres de los jóvenes de la comunidad que han empezado a imitar a los militares en sus malos actos públicos.
Acosan a las mujeres, sobre todo a las jóvenes a quienes les han ofrecido dinero a cambio de sexo, pero lo más grave dijeron es que suman ya las 38 mujeres con hijos de militares y policías destacamentazos en esa base de operaciones militares, así como la situación de enfermedades venéreas que han hecho aparecer cada vez más entre las mujeres y hombres de la comunidad.
En un documento de octubre pasado que envió como respuesta la SEDENA a través de sus representante legal, el General de Brigadier de Justicia Militar de la VII Región Militar, Ramón Tovar Caballero amenazó con demandar penalmente a los ejidatarios pues con sus acusaciones manchan “el honor militar”.
La SEDENA da a conocer el documento que desde febrero del 2001, se iniciaron los trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para la expropiación del predio (expediente 12566/SEDENA) pero que debido a que las autoridades ejidales no les quieren extender algunos documentos necesarios esto no se ha llevado a cabo y que le han ofrecido ya 160 mil pesos a los campesinos como pago por dichas tierras pero no lo han querido aceptar.
Vicente Hernández López y Vísael Martínez Pérez dijeron hoy que la cantidad que les ha ofrecido la SEDENA es una ofensa más que dichas tierras no tienen ese valor y menos ellos quieren dinero a cambio de las ocho hectáreas, lo que demandan es que se les restituya e predio y de ser necesario se los indemnice por los 11 años de la ocupación militar.
En el predio actualmente se encuentran más de 100 elementos del Ejército Mexicano dependientes de la 39 Zona Militar con sede en Ocosingo, mismos que son relevados cada seis meses por otros batallones. Los indígenas choles dijeron que esta cuartel militar es la base de operaciones para patrullajes que de día y de noche hacen entre las comunidades de la zona baja del municipio de Tila.
Los indígenas choles dijeron hoy que el 27 de enero del 2002, se firmó en la zona entre todos los actores políticos y sociales un Acuerdo de Paz y Reconciliación promovido por el gobierno del estado, en cuyo octavo punto se estipulada que el predio ocupado por los militares debería ser devuelto a sus legítimos propietarios que sosn los ejidatarios para darle el uso que ellos dispusieran en beneficio de la comunidad.
Pero el abogado militar de la SEDENA dice en su documento enviado al Tribunal Unitario Agrario que ese documento carece de validez jurídica y que de acuerdo a los altos mandos castrenses y el mando supremo que el presidente Felipe Calderón ellos seguirán asentados en dicha comunidad.
El general brigadier de justicia militar, señala que si llegaron a esa comunidad “a raíz del conflicto iniciado el día primero de enero de 1994 con la irrupción armada en el estado de Chiapas de autodenominado EZLN, situación que gestó en su momento un clima de inseguridad en el área entre Organizaciones sociales, políticas y religiosas que ocasionaban enfrentamientos entre sí”.
En la audiencia de ley prevista para este día y en la cual estarían presentes la representación legal de la SEDENA esta no asistió por lo que tuvo que llevarse a cabo sin ellos el proceso legal.
Los campesinos dijeron que no darán marcha atrás en su demanda y que no dejarán el caso hasta que los militares se vayan de la comunidad, que se han visto obligados a recurrir a estos cauces legales pero que de no se posibles la población podría tomar acciones como marchas y protestas para hacerse escuchar.
Chiapas, territorio ocupado…
Un informe reciente del Centro de Análisis Político y de Investigaciones Socio-Económicas (CAPISE), se habla de las afectaciones que padecen los pueblos indígenas en su derecho al territorio con motivo de la ocupación militar.
En el informe refiere que sin contabilizar la totalidad de los campamentos militares instalados en la 36ª. Zona Militar (con sede en Tapachula), sino solo los predios adquiridos por la SEDENA en esa Zona Militar, la investigación les arrojó una totalidad de 114 posiciones militares permanentes en el estado de Chiapas, 91 de ellas destacamentadas en el territorio indígena de Chiapas.
"Con respecto a la cantidad de predios adquiridos para uso exclusivo de la
SEDENA, el dato arroja 41 predios e inmuebles adquiridos. La disparidad
cuantitativa y cualitativa con cualesquier otro estado de la República Mexicana es desmesurada, los más cercanos son Veracruz y Chihuahua con 17 predios adquiridos y expropiados, esto es, menos de la mitad", dice el documento.
Ilustrado con gráficas y tablas, detalla que el número total de hectáreas adquiridas sólo en el estado de Chiapas, sólo para uso de la institución castrense llega a más de 4 mil 976 hectáreas sin contabilizar el predio de Toniná.
Sumado a esto, el número total de predios ocupados y no expropiados por la
SEDENA sólo en el territorio indígena de Chiapas asciende a 57 predios ocupados, dice el CAPISE.
Apunta que para el gobierno mexicano, "negar la ocupación militar y la
situación de despojo a que han sido sometidos los pueblos indígenas resulta,
en el mejor de los casos inútil, en el peor, cínico".
Indican en el documento que la masiva presencia y ocupación del Ejército
Mexicano en el territorio tradicional indígena de Chiapas, se ha realizado en la mayoría de los casos sin la previa consulta y aprobación de las comunidades afectadas, y la instalación de los campamentos militares en áreas ejidales o de tradicional posesión indígena.
Todo ello constituye una violación de los compromisos de México frente al
derecho internacional, en lo particular al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Convenio 169 de la OIT y a los artículos 1, 2 y 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 06 de marzo (apro).- Para uso comunitario, las autoridades ejidales de la comunidad indígena chol, El Limar municipio de Tila, demandaron hoy ante el Tribunal Unitario Agrario de este distrito, que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) les restituya las ocho hectáreas de tierras que mantienen ocupadas como cuartel militar en esa localidad desde hace 11 años.
En el marco de la audiencia de ley llevada a cabo hoy, en la cual se esperaba la presencia de representantes de la SEDENA que de última hora no llegaron, los representantes ejidales de esa comunidad dieron a conocer que al no haber condiciones de violencia e inseguridad en la comunidad es que han empezado a gestionar que se les devuelva esas tierras.
Y que contrario al ambiente de seguridad que supuestamente han propiciado estos 11 años, los militares solo trajeron consigo riesgos y peligros para los lugares donde han generado inestabilidad social.
Recordaron que bajo presiones de los líderes y miembros del otrora grupo paramilitar Paz y Justicia, encabezados por el profesor indígena ahora preso, Diego Vázquez Pérez, las autoridades ejidales “donaron” en julio de 1996 a los militares las más de ocho hectáreas para instalar en las inmediaciones de la comunidad la Base de Operaciones Mixtas (BOM), conformada por elementos del Ejército Mexicano, Policías Estatal de Seguridad Pública y Policías Judiciales.
En el expediente 1144/2006, abierto desde septiembre del 2006 en el Tribunal Unitario Agrario de este distrito número 3, los indígenas choles encabezados por Vicente Hernández López y Vísael Martínez Pérez, comisariado ejidal y presidente del consejo de vigilancia, respectivamente demandan la SEDENA les devuelva las ocho hectáreas de tierras en las cuales pretenden construir obras en beneficio de la comunidad.
Durante estos 11 años, los militares que supuestamente garantizarían las inseguridad ha provocado temor en la región pues es constante las explosiones de granadas de fragmentación en el interior del cuartel, se escuchan disparos de armas de fuegos por las noches, alteran el orden público al ingerir bebidas embriagantes, han propiciado que se trastoque los usos y costumbres de los jóvenes de la comunidad que han empezado a imitar a los militares en sus malos actos públicos.
Acosan a las mujeres, sobre todo a las jóvenes a quienes les han ofrecido dinero a cambio de sexo, pero lo más grave dijeron es que suman ya las 38 mujeres con hijos de militares y policías destacamentazos en esa base de operaciones militares, así como la situación de enfermedades venéreas que han hecho aparecer cada vez más entre las mujeres y hombres de la comunidad.
En un documento de octubre pasado que envió como respuesta la SEDENA a través de sus representante legal, el General de Brigadier de Justicia Militar de la VII Región Militar, Ramón Tovar Caballero amenazó con demandar penalmente a los ejidatarios pues con sus acusaciones manchan “el honor militar”.
La SEDENA da a conocer el documento que desde febrero del 2001, se iniciaron los trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para la expropiación del predio (expediente 12566/SEDENA) pero que debido a que las autoridades ejidales no les quieren extender algunos documentos necesarios esto no se ha llevado a cabo y que le han ofrecido ya 160 mil pesos a los campesinos como pago por dichas tierras pero no lo han querido aceptar.
Vicente Hernández López y Vísael Martínez Pérez dijeron hoy que la cantidad que les ha ofrecido la SEDENA es una ofensa más que dichas tierras no tienen ese valor y menos ellos quieren dinero a cambio de las ocho hectáreas, lo que demandan es que se les restituya e predio y de ser necesario se los indemnice por los 11 años de la ocupación militar.
En el predio actualmente se encuentran más de 100 elementos del Ejército Mexicano dependientes de la 39 Zona Militar con sede en Ocosingo, mismos que son relevados cada seis meses por otros batallones. Los indígenas choles dijeron que esta cuartel militar es la base de operaciones para patrullajes que de día y de noche hacen entre las comunidades de la zona baja del municipio de Tila.
Los indígenas choles dijeron hoy que el 27 de enero del 2002, se firmó en la zona entre todos los actores políticos y sociales un Acuerdo de Paz y Reconciliación promovido por el gobierno del estado, en cuyo octavo punto se estipulada que el predio ocupado por los militares debería ser devuelto a sus legítimos propietarios que sosn los ejidatarios para darle el uso que ellos dispusieran en beneficio de la comunidad.
Pero el abogado militar de la SEDENA dice en su documento enviado al Tribunal Unitario Agrario que ese documento carece de validez jurídica y que de acuerdo a los altos mandos castrenses y el mando supremo que el presidente Felipe Calderón ellos seguirán asentados en dicha comunidad.
El general brigadier de justicia militar, señala que si llegaron a esa comunidad “a raíz del conflicto iniciado el día primero de enero de 1994 con la irrupción armada en el estado de Chiapas de autodenominado EZLN, situación que gestó en su momento un clima de inseguridad en el área entre Organizaciones sociales, políticas y religiosas que ocasionaban enfrentamientos entre sí”.
En la audiencia de ley prevista para este día y en la cual estarían presentes la representación legal de la SEDENA esta no asistió por lo que tuvo que llevarse a cabo sin ellos el proceso legal.
Los campesinos dijeron que no darán marcha atrás en su demanda y que no dejarán el caso hasta que los militares se vayan de la comunidad, que se han visto obligados a recurrir a estos cauces legales pero que de no se posibles la población podría tomar acciones como marchas y protestas para hacerse escuchar.
Chiapas, territorio ocupado…
Un informe reciente del Centro de Análisis Político y de Investigaciones Socio-Económicas (CAPISE), se habla de las afectaciones que padecen los pueblos indígenas en su derecho al territorio con motivo de la ocupación militar.
En el informe refiere que sin contabilizar la totalidad de los campamentos militares instalados en la 36ª. Zona Militar (con sede en Tapachula), sino solo los predios adquiridos por la SEDENA en esa Zona Militar, la investigación les arrojó una totalidad de 114 posiciones militares permanentes en el estado de Chiapas, 91 de ellas destacamentadas en el territorio indígena de Chiapas.
"Con respecto a la cantidad de predios adquiridos para uso exclusivo de la
SEDENA, el dato arroja 41 predios e inmuebles adquiridos. La disparidad
cuantitativa y cualitativa con cualesquier otro estado de la República Mexicana es desmesurada, los más cercanos son Veracruz y Chihuahua con 17 predios adquiridos y expropiados, esto es, menos de la mitad", dice el documento.
Ilustrado con gráficas y tablas, detalla que el número total de hectáreas adquiridas sólo en el estado de Chiapas, sólo para uso de la institución castrense llega a más de 4 mil 976 hectáreas sin contabilizar el predio de Toniná.
Sumado a esto, el número total de predios ocupados y no expropiados por la
SEDENA sólo en el territorio indígena de Chiapas asciende a 57 predios ocupados, dice el CAPISE.
Apunta que para el gobierno mexicano, "negar la ocupación militar y la
situación de despojo a que han sido sometidos los pueblos indígenas resulta,
en el mejor de los casos inútil, en el peor, cínico".
Indican en el documento que la masiva presencia y ocupación del Ejército
Mexicano en el territorio tradicional indígena de Chiapas, se ha realizado en la mayoría de los casos sin la previa consulta y aprobación de las comunidades afectadas, y la instalación de los campamentos militares en áreas ejidales o de tradicional posesión indígena.
Todo ello constituye una violación de los compromisos de México frente al
derecho internacional, en lo particular al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Convenio 169 de la OIT y a los artículos 1, 2 y 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
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