Titular del OFS en Chiapas, implicado en desvío de recursos en la Conaliteg
isaín mandujano


Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de julio (apro).- El Congreso del estado designó como titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado (OFS), a Humberto Blanco Pedrero, exfuncionario federal implicado un millonario desvío de recursos públicos, cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

La semana pasada, Blanco Pedrero fue elegido por unanimidad como nuevo titular del OFS, de una terna propuesta por la Junta de Coordinación Política que integran los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN, PVEM y PT, y dictaminada por la Comisión de Vigilancia que preside el diputado Fabián Camacho Pedrero, del PRD.

Blanco Pedrero es tío del diputado que dictaminó su expediente. Ambos son originarios del mismo pueblo: Tapilula.

Su ficha curricular refiere que Blanco Pedrero señala que laboró nueve años en la Secretaría de Comercio como auditor, jefe de departamento, subdirector y subcontralor general.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se desempeñó como comisario; en la de Contraloría General de la Federación fue comisario del Sector Ciencia y Tecnología; en la de Educación Pública ocupó los cargos de contralor general y director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Además, director de Riesgos Financieros de la Aseguradora Hidalgo.

Lo que no se dijo es que Blanco Perrero, junto con otros exfuncionarios federales tiene un expediente no cerrado en la PGR por un desvío millonario de recursos a su paso por la Conaliteg.

Entre la lista de involucrados, se encuentra Miguel Antonio Meza Estrada, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo durante su gestión como secretario de Educación Pública y excónsul de México en varias ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con datos contenidos en la averiguación previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III, que integra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Blanco Pedrero compareció ministerialmente hace un año, como exdirector de la Conaliteg.

Según la investigación, que hasta mediados de 2005 estaba a cargo de Carlos Javier Vega Memije, exsubprocurador de Delitos Federales, anualmente, de 1994 a 2000, se desviaron por lo menos 400 millones de pesos, al pagar sobreprecios en la impresión de libros de texto gratuitos.

La indagatoria refiere que durante las gestiones de Meza Estrada y Blanco Pedrero, cuatro empresas trasnacionales concentraban 70 por ciento de los contratos para la producción de textos y tan sólo dos de ellas controlaban 50 por ciento de los acuerdos comerciales.

Según las investigaciones ministeriales, durante los años 1994 a 2000, los encargados de la Conaliteg llegaron a pagar hasta 11 pesos por ejemplar, cuando el costo promedio debía ser de 9.42 pesos.

Como ejemplo, la Conaliteg ha logrado demostrar ante el Ministerio Público Federal que tan sólo la impresión del libro de español, Lecturas, de segundo grado, en 1999 tuvo un costo al erario de 11.71 pesos por ejemplar, en tanto que el costo real era de 6.15 pesos.

De acuerdo con los datos contenidos en la averiguación previa, la Conaliteg pagó por la impresión de 3 millones 207 mil 200 ejemplares de ese texto, 37 millones 562 mil 726.40 pesos, cuando lo que debió haberse pagado eran 20 millones 712 mil 97 pesos.

La estimación ministerial refiere que en tan sólo la impresión de ese texto de español en 1999, derivó el pago ilícito de 16 millones 850 mil 628 pesos.

En gran medida, además de la adjudicación directa e ilegal de los contratos de prestación de servicios, el secreto en el desvío de recursos del erario estuvo en el establecimiento de sobreprecios en los costos de papel, la maquila y el tiro (impresión), según la indagatoria.

Las anomalías, que fueron denunciadas desde junio de 2001, también fueron corroboradas por la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ya que mediante la aplicación de auditorías, detectó actos ilícitos en las licitaciones para la adjudicación de contratos, convenios para servicios de transporte inexistentes o a precios muy altos y entrega incompleta de libros o en mal estado.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que los diputados locales retiraran su respaldo a Blanco Pedrero. Argumentaronm que mientras éste no sea declarado culpable por alguna instancia fiscalizadora seguirá siendo inocente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Raymundo Toledo, sentenció: “Nosotros nos guiamos en la máxima del derecho: es inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad.”

Así mismo, su sobrino, el diputado local que dictaminó su expediente, Fabián Camacho Pedrero, señaló que Blanco Pedrero tiene todo su respaldo para ocupar el cargo y que su trayectoria es limpia por eso obtuvo el respaldo mayoritario del pleno del Congreso del estado la semana pasada.

Ahora, Blanco Pedrero es el responsable de fiscalizar los recursos que ejercen los alcaldes de los 118 municipios de Chiapas.





LA JORNADA
Martes 1 de agosto de 2006

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Los ex funcionarios están implicados en el desvío de mil millones de pesos

Tardó PGR un lustro en citar a declarar a varios defraudadores de la Conaliteg
Ex secretario particular de Ernesto Zedillo, uno de los principales indiciados


Luego de cinco años, la Procuraduría General de la República (PGR) citó para que declaren en calidad de indiciados por su presunta responsabilidad en un desvío de recursos por más de mil millones de pesos a ex funcionarios de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), entre ellos Miguel Antonio Meza Estrada, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo durante su gestión como secretario de Educación Pública.

De acuerdo con datos contenidos en la averiguación previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III, que integra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en los días recientes han comparecido ministerialmente Humberto Blanco Pedrero, ex director de la Conaliteg, y siete ex funcionarios más, y este martes lo hará Meza Estrada, ex cónsul de México en varias ciudades de Estados Unidos.

Según la investigación que hasta mediados de 2005 estaba a cargo de Carlos Javier Vega Memije, ex subprocurador de Delitos Federales, anualmente, de 1994 a 2000, se desviaron por lo menos 400 millones de pesos, al pagar sobreprecios en la impresión de libros de texto gratuitos.

La indagatoria refiere que durante las gestiones de Meza Estrada y Blanco Pedrero, cuatro empresas trasnacionales concentraban 70 por ciento de los contratos para la producción de textos y tan sólo dos de ellas controlaban 50 por ciento de los acuerdos comerciales.

Los pasados 27 y 28 de julio debieron comparecer Pedro Reynaldo Rodríguez Vázquez, Sergio Gaxiola Fajardo, Ramón Aguilar Guerrero, Rubén Franco Recorder, Pedro Javier Herrera Arias, Herón Héctor Carrillo Poblano y Efrén Barojas Gutiérrez, algunos de los cuales fungieron durante la administración del presidente Ernesto Zedillo como directores de la Conaliteg, o bien encargados de servicios materiales, editoriales del órgano de control interno (auditoría), entre otros cargos.

Según las investigaciones ministeriales, durante los años 1994 a 2000, los encargados de la Conaliteg llegaron a pagar hasta 11 pesos por ejemplar, cuando el costo promedio debía ser de 9.42 pesos.

Como ejemplo, la Conaliteg ha logrado demostrar ante el Ministerio Público federal que tan sólo la impresión del libro de español, Lecturas, de segundo grado, en 1999 tuvo un costo al erario de 11.71 pesos por ejemplar, en tanto que el costo real era de 6.15 pesos.

De acuerdo con los datos contenidos en la averiguación previa, la Conaliteg pagó por la impresión de 3 millones 207 mil 200 ejemplares de ese texto, 37 millones 562 mil 726.40 pesos, cuando lo que debió haberse pagado eran 20 millones 712 mil 97 pesos.

La estimación ministerial refiere que en tan sólo la impresión de ese texto de español en 1999, derivó el pago ilícito de 16 millones 850 mil 628 pesos.

En gran medida, además de la adjudicación directa e ilegal de los contratos de prestación de servicios, el secreto en el desvío de recursos del erario estuvo en el establecimiento de sobreprecios en los costos de papel, la maquila y el tiro (impresión).

Todo lo anterior, debido a que la capacidad de la Conaliteg es para producir apenas 8 por ciento de los libros requeridos por el gobierno para proporcionar los textos gratuitos de nivel primaria y secundaria a los estudiantes mexicanos.

Para la PGR, las empresas beneficiadas por los directivos de la Conaliteg fueron Magnograf, Offset Multicolor y Ultra, a pesar de que no ofrecían los mejores precios.

Adicionalmente, la Conaliteg también se vio afectada en su patrimonio, ya que entregaba a esas empresas, anualmente y de manera gratuita, 3 mil 500 toneladas de papel.

Las anomalías, que fueron denunciadas desde junio de 2001, también fueron corroboradas por la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ya que mediante la aplicación de auditorías, detectó actos ilícitos en las licitaciones para la adjudicación de contratos, convenios para servicios de transporte inexistentes o a precios muy altos y entrega incompleta de libros o en mal estado.




Oficio de papel

Miguel Badillo.

El UNIVERSAL 26-A

12 DE ENERO DE 2004



A finales del año pasado se dio a conocer que el cónsul de México en Detroit, Antonio Meza Estrada era investigado junto con Humberto Blanco Pedrero por el supuesto delito de daño patrimonial por 367 millones 934 mil pesos. pues parece que esa investigación de la Secretaría de la Función Pública ya concluyó y en los próximos días se presentará la demanda penal respectiva por el presunto delito de peculado, según se informó el viernes en el diario Reforma, donde se explica que en la Dirección General de Responsabilidades se ajustan los últimos detalles para presentar la denuncia ante el Procurador Rafael Macedo de la Concha, y habrá que esperar a ver si ésta se consigna ante un juez federal o es enviada al archivo muerto.



Oficio de Papel

Columna semanal del periodista

Miguel Badillo

Lunes 07 de agosto 2006


Proceso penal contra Meza Estrada

Ex cónsul de México en Detroit y ex secretario particular de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando éste fue secretario de Educación Pública, Antonio meza Estrada, es investigado junto con Humberto Blanco Pedrero, ex director general de la Comisión Nacional de Libros de texto Gratuitos, por la Procuraduría General de la República y por el Órgano Interno de Control de la Conaliteg, por el delito de daño patrimonial por 367 millones 934 mil 280.47 pesos, de acuerdo con la revisión de 23 licitaciones públicas nacionales para la adquisición o maquila de libros de texto gratuitos para primaria, telesecundaria e historia y geografía regional, en los años 1999, 2000 y 2001.

De acuerdo con la Cédula de Observaciones Determinadas de la Secretaría de la Función Pública, el monto fiscalizable fue de 3 mil 556 millones 938 mil 718.48 pesos, en donde “del análisis comparativo de costos adjudicados con los costos estimados por la Coordinación Editorial y con los costos de mercado, se determinó un diferencial de precio pagado en exceso de 367 millones 934 mil 280.46 pesos”.

Al concluir Meza Estrada su gestión al frente de la Conaliteg (1994-1999), dejó como encargado de la dirección general a Humberto Blanco, quien se había desempeñado primero como contralor de esa Comisión y después como subdirector general, lo que habría ocasionado irregularidades administrativas, pues Meza Estrada no tenía facultades para nombrar a un sustituto, por lo que habría incurrido también en delitos de abuso de poder y conflicto de intereses.

Según las investigaciones que llevó a cabo el Órgano Interno de Control, el ex secretario particular de Ernesto Zedillo dejó a Humberto Blanco como encargado del despacho para “encubrir” todas las irregularidades cometidas con la elaboración de millones de libros de texto para primaria y secundaria, lo que causó cuantiosos daños patrimoniales.

Además, según el expediente de la Secretaría de la Función Pública, Meza Estrada pretendía así evitar que la administración de Vicente Fox Quesada le fincara alguna responsabilidad mientras él se desempeña como diplomático representante de México en Detroit.

Estas irregularidades al frente de la Conaliteg ya provocaron que la actual administración perdiera dos importantes juicios que han ocasionado cuantiosas pérdidas para el erario federal, pues el nombramiento espurio de Humberto Blanco como encargado del despacho, le impedía firmar documentos oficiales como director general de la Conaliteg, ya que nunca fue ratificado por los órganos responsables, lo que le significó a dicha Comisión perder varios juicios ante tribunales.






BOLETÍN DADO A CONOCER EN LA COLUMNA

PROCESOS EN CHIAPAS DEL SEÑOR GABRIEL REYES

24 DE JULIO DEL 2007 EN EL DIARIO DE CHIAPAS


CHECAR FECHA DEL BOLETÍN, DATA DEL 20 DE ENERO DEL 2004 LA AVERIGUACIÓN PREVIA DE LA PGR S DEL 2006.



omunicado de prensa
No. 001/2004

"MEXICO D.F., A 20 DE ENERO DE 2004.- La Secretaría de la Función Pública (SFP), con estricto apego a la ley, así como a los procedimientos y técnicas establecidas en la ley, practicó la auditoría directa No 067/02 a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2002 y mayo de 2003, la Unidad de Auditoría Gubernamental auditó el ejercicio presupuestal de la CONALITEG, correspondiente a los años 1999, 2000, y 2001.

La auditoría detectó irregularidades por 436 mil 704.45 pesos, relacionados con un préstamo improcedente de 130 mil hojas de cartulina couché a un proveedor y 190 mil 294.23 pesos, por el pago indebido del impuesto al Valor Agregado (IVA) en artículos que están exentos de ese gravamen.

Como resultado de la misma auditoría 067/02, a la CONALITEG, también se determinaron observaciones por 387 Millones 934 mil 280.49 pesos, las cuales resultaron improcedentes y se detallan a continuación.

En algunas compras realizadas mediante procesos de licitación, la auditoría estimó que se pagaron indebidamente 387 millones 934 mil 280.49 pesos, al hacer la comparación entre los precios al momento de la auditoría y al momento de la adquisición de los bienes.

Posteriormente, durante la etapa de la valoración de pruebas se determinó que las condiciones prevalecientes en el mercado, en el momento de la auditoría, no serían las mismas a las registradas durante los años 1999, 2000 y 2001, cuando se realizaron las adquisiciones.

Por lo anterior, se determinó que no existen elementos que hagan presumir algún acto de corrupción por estos hechos. Además, las licitaciones cumplieron con la normatividad que marca la ley, por lo que se estableció que no era procedente presentar una denuncia por la vía penal. Tampoco se tuvieron elementos probatorios para imponer sanciones administrativas.

Sin embargo, respecto a los 436 mil 704.45 pesos, señalados con anterioridad, se estableció que sí existen irregularidades. Por ello, la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP remitió el caso a la Dirección General de Responsabilidades, con el propósito de iniciar un Procedimiento Administrativo de Responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.

Durante el proceso de auditoría, se recuperaron 190 mil 294.23 pesos correspondiente al pago indebido del IVA, que fueron restituidos al erario público.

La Secretaría de la Función Pública confirma su compromiso y decisión de realizar las tareas de fiscalización, verificación y auditoría con estricto apego a la ley. Por lo tanto, la SFP no fabrica culpables ni practica auditorías con motivación política alguna."...