ISAÍN MANDUJANO/APRO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 07 de febrero (apro).- El obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, advirtieron hoy de un retroceso en la vida democrática, pues tanto en Chiapas como en México, se ha venido registrando de forma aguda “la criminalización de la protesta social”.
En el marco de una campaña nacional que impulsa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos” (La Red TDT), hoy los obispos miembros del consejo directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, estuvieron en esta ciudad para recordar a los gobiernos estatal y federal que “la protesta es un derecho y la represión un delito”.
Recordaron que en tan tolo en Chiapas, en menos de un mes distintos hechos dan cuenta de la tendencia que existe para castigar con la criminalización de la protesta social.
La carta leída en dos tiempos por ambos obispos, señala que en México, desde hace varios años, se viene viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales.
“Esta política se acompaña de un discurso que apela a la legalidad y al Estado de derecho. En la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta social”, dijo Ruiz García.
Expuso el obispo ahora retirado en una iglesia de Querétaro que la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos y que esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
Explicó el prelado que tanto en Chiapas como en México la criminalización de la protesta social se manifiesta en las detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores, se equipara a luchadores sociales con delincuentes, se agravan las acusaciones imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional, se decretan ilegales las protestas sociales, se realizan reformas al código penal tipificando nuevos delitos y se comentan faltas al debido proceso legal.
“Frente a esta política imperante la Red TDT insiste en que la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han sido consultados, no han estado involucrados o que les desfavorecen y perjudican”, dijo Ruiz García.
En su turno, el obispo Vera López, antes coadjutor de Ruiz García cuando éste estuvo en al frente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en Chiapas, en menos de un mes, “la tendencia hacia la criminalización de la protesta tiene signos visibles en distintas acciones”.
Y enumeró que por ejemplo, el pasado el 17 de enero de este año el congreso local aprobó la iniciativa del gobierno estatal para crear el delito de “incitación a la violencia” que establece adicionar un capítulo cuarto al artículo 378 en el que textualmente se lee: ”al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de diez a cincuenta días de salario”.
Indicó que con esta nueva reforma al código penal se crea un mecanismo más de inhibición social para la denuncia y movilización ciudadana, bajo el supuesto de que al reclamar derechos afectados están "incitando" a la violencia.
Asimismo, reseñó Vera López que el pasado 30 de enero, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) desalojaron a un grupo de indígenas que realizaban un plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), la protesta de los indígenas, pertenecientes a la Alianza de Organizaciones y Partidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las doce Lenguas Indígenas, reclamaba pacíficamente la destitución del titular de la dependencia estatal.
El pasado 31 de enero, fue detenida la caravana de vehículos de la Organización de Maiceros de la región Centro de Chiapas que participó en la concentración de Tuxtla Gutiérrez en el marco de las movilizaciones de protesta contra la apertura del paquete agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC).
En el operativo, policías estatales en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a Pedro Matusalén Vázquez, originario de la comunidad de Nicolás Ruiz. Al anochecer el campesino fue liberado bajo la advertencia de no volverse a “meter en nada” y decirle a sus compañeros que no volvieran a venir porque a la próxima serían más.
El pasado 5 de febrero, uno de los principales oradores en la movilización campesina que se celebró en Tuxtla Gutiérrez el pasado 31 de enero, Felipe Hernández Yoena, fue detenido por policías estatales, quienes lo acusaron de los delitos de motín y rebelión.
La detención se dio en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, donde Hernández Yoena labora como maestro de matemáticas. Con acciones coordinadas por sus compañeros, familiares y la intervención de este Centro la noche del día 6 fue liberado bajo reservas de ley.
“Sus compañeros campesinos recibieron otra advertencia al decirles que el problema del TLC era federal, que no tenían porqué manifestarse en Chiapas, que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en el estado”, dijo Vera López.
Reseñó también que el mismo martes 5 de febrero, policías estatales y municipales desalojaron a habitantes de las colonias Pomarosa, Miravalle, Villareal, y Canteras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez mientras se manifestaban frente al palacio de gobierno para exigir seguridad en su zona.
“Los hechos que se han registrado en menos de un mes en Chiapas dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos”, dijo el obispo de Saltillo.
“Debemos insistir en que la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho”, concluyó.
En esta campaña nacional participan decenas organismos de diferentes partes de México, los de Chiapas son el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas de San Cristóbal de Las Casas; el Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova" de Tapachula; el Centro de Derechos Indígenas de Bachajón; el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos de San Cristóbal de Las Casa; el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas de Palenque y el Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada" de Ocosingo.
Según dijeron, la campaña tiene por objetivo el aportar elementos al debate y mostrar que la protesta social es una acción legítima y necesaria en sociedades tan injustas como la de México y que es también una herramienta indispensable en la lucha por hacer que se respeten y cumplan los derechos humanos.
El segundo objetivo, argumentaron, es mostrar que dicha criminalización integra una política de los actuales gobiernos, “los cuales ante su incapacidad de garantizar los derechos humanos de las personas, prefieren proscribir la protesta social y darle trato de delincuentes a quienes ejercen su derecho a la protesta”.
La campaña que emprendieron a partir de esta semana, se explicó en la conferencia, tendrá la mayor parte de sus acciones en los estados, regiones y comunidades donde realizan su trabajo cotidiano los grupos que pertenecen a la Red.
Es decir, se dijo, que estará vigente todo el mes y se realizarán acciones de difusión de esta campaña en los 20 estados en donde están presente la Red TDT.
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