Herrán y el narco
Posted by Mandujano
Chiapas-Cancún: ruta de narco
Y la figura de Mariano Herrán
SECCION
Y la figura de Mariano Herrán
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Indicador Político
Por Carlos Ramírez
Por Carlos Ramírez
/ 4/7/2008 5:14:00 AM
La revisión de la violación de derechos humanos en Chiapas derivó en evidencias de que el narcotráfico también vulneró la puerta sur del país y se relacionó con Cancún, uno de los puertos turísticos más importantes de la república. Con ello se abrió otra venta de vulnerabilidad de la seguridad nacional.
En su visita hoy al estado de Chiapas, el presidente Felipe Calderón se encontrará con una situación política delicada, como toda la república en proceso de desarticulación por el fin de los controles priístas: inestabilidad judicial por la revisión de indígenas encarcelados injustamente, señalamientos de que el narco penetró Chiapas durante la gestión judicial del ex fiscal nacional antidrogas Mariano Herrán Salvatti e inicio de juicio político contra Herrán por violación grave a los derechos humanos.
La decisión del gobernador Juan Sabines de atender la deuda de justicia con indígenas presos por su condición de pobreza llevó a datos reveladores sobre violación de derechos humanos en el sexenio chiapaneco anterior y a pistas de aumento de actividades del narcotráfico en Chiapas precisamente por la complicidad del aparato de justicia del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Sabines ha emprendido una profunda reforma judicial.
En el centro de las investigaciones aparece Mariano Herrán Salvatti, ex fiscal antidrogas del gobierno de Ernesto Zedillo, ex ministro de Justicia del gobierno de Salazar y hoy secretario de Fomento Económico del gobierno de Sabines. Informes de inteligencia revelan que el narco aumentó en el sexenio de Salazar y durante la gestión judicial de Herrán en el estado, al grado de que el cártel de Sinaloa sentó sus bases en el estado vinculándose con algunas autoridades municipales y estatales.
Lo grave de todo es la relación política de Herrán con el alcalde electo de Cancún, el perredista Greg Sánchez. Las indagatorias contra Herrán en Chiapas por violación de derechos humanos y por auge del narcotráfico lo estarían llevando a cambiar de plaza. Cancún ha sido una de las zonas preferidas por el narco, pero no sólo para las actividades propias del tráfico sino para instalar a familiares. Hay datos de que familiares de altos miembros del cártel de Sinaloa viven en Cancún. La ruta Chiapas Quintana Roo es la puerta sur de entrada del narco y controla los países de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El ex fiscal Herrán Salvatti ha comenzado a sentir pasos a su alrededor. Hace unos meses el ejército mexicano detectó ranchos y bodegas vinculadas al narco. La indagatoria reveló que esas zonas estaban protegidas por comandantes del Ministerio de Justicia de Herrán. El narco se trasladó de Tapachula a Comitán, en las áreas de Frontera Comalapa, con énfasis en el área Chamic.
Los datos en poder de las autoridades son reveladores de la nueva ruta Chiapas-Cancún. En el área de chiapaneca Chamic se encontraron con Ponciano Sánchez, hermano del alcalde perredista cancunense Greg Sánchez. Y no fueron pocas las otras relaciones de poder con importantes figuras estatales del narcotráfico. Esta relación explica la asesoría política y judicial de Herrán al alcalde perredista Greg Sánchez.
La pista de Herrán comenzó con la revisión de más de mil expedientes de encarcelamientos presuntamente injustos promovidos por Herrán como Ministro de Justicia del estado. Hasta ahora el gobierno de Juan Sabines ha encontrado irregularidades en casi 400 casos y los encarcelados han sido liberados. Pero el asunto va a crecer porque el mandatario estatal ya promovió la reforma judicial necesaria.
Herrán ha quedado atrapado en los juegos de poder. El congreso local ha abierto un expediente de juicio político contra Herrán por la presunta responsabilidad en la violación de los procedimientos judiciales locales para encarcelar a campesinos. Pero por el lado federal, Herrán ya fue informado de la apertura de una investigación especial sobre su presunta responsabilidad y relación con bandas del crimen organizado. La indagatoria ha ido a fondo y ha descubierto correos especiales de Herrán a Europa, como Dulce Berenice Velázquez Orantes.
El tema del narco es prioritario porque las autoridades federales han recibido datos de que importantes dirigentes del narco se mueven en el corredor Chiapas-Cancún. La situación en Chiapas es delicada por el posicionamiento territorial del EZLN en zonas de presunto paso del narcotráfico. Hasta ahora no existen indicios de que las comunidades zapatistas estén directamente involucradas en el narco, pero existe la preocupación oficial de que las complicidades judiciales con el narco vayan a contaminar el tema zapatista.
Las revelaciones sobre el auge del narco durante la gestión judicial de Herrán han llevado al gobierno de Sabines a decisiones de fondo porque Herrán es secretario de Fomento Económico de su gabinete como una imposición a su antecesor Salazar Mendiguchía. Por lo pronto, Sabines ya abrió la cloaca de la violación de derechos humanos en el gobierno de Salazar Mendiguchía.
La revisión de la violación de derechos humanos en Chiapas derivó en evidencias de que el narcotráfico también vulneró la puerta sur del país y se relacionó con Cancún, uno de los puertos turísticos más importantes de la república. Con ello se abrió otra venta de vulnerabilidad de la seguridad nacional.
En su visita hoy al estado de Chiapas, el presidente Felipe Calderón se encontrará con una situación política delicada, como toda la república en proceso de desarticulación por el fin de los controles priístas: inestabilidad judicial por la revisión de indígenas encarcelados injustamente, señalamientos de que el narco penetró Chiapas durante la gestión judicial del ex fiscal nacional antidrogas Mariano Herrán Salvatti e inicio de juicio político contra Herrán por violación grave a los derechos humanos.
La decisión del gobernador Juan Sabines de atender la deuda de justicia con indígenas presos por su condición de pobreza llevó a datos reveladores sobre violación de derechos humanos en el sexenio chiapaneco anterior y a pistas de aumento de actividades del narcotráfico en Chiapas precisamente por la complicidad del aparato de justicia del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Sabines ha emprendido una profunda reforma judicial.
En el centro de las investigaciones aparece Mariano Herrán Salvatti, ex fiscal antidrogas del gobierno de Ernesto Zedillo, ex ministro de Justicia del gobierno de Salazar y hoy secretario de Fomento Económico del gobierno de Sabines. Informes de inteligencia revelan que el narco aumentó en el sexenio de Salazar y durante la gestión judicial de Herrán en el estado, al grado de que el cártel de Sinaloa sentó sus bases en el estado vinculándose con algunas autoridades municipales y estatales.
Lo grave de todo es la relación política de Herrán con el alcalde electo de Cancún, el perredista Greg Sánchez. Las indagatorias contra Herrán en Chiapas por violación de derechos humanos y por auge del narcotráfico lo estarían llevando a cambiar de plaza. Cancún ha sido una de las zonas preferidas por el narco, pero no sólo para las actividades propias del tráfico sino para instalar a familiares. Hay datos de que familiares de altos miembros del cártel de Sinaloa viven en Cancún. La ruta Chiapas Quintana Roo es la puerta sur de entrada del narco y controla los países de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El ex fiscal Herrán Salvatti ha comenzado a sentir pasos a su alrededor. Hace unos meses el ejército mexicano detectó ranchos y bodegas vinculadas al narco. La indagatoria reveló que esas zonas estaban protegidas por comandantes del Ministerio de Justicia de Herrán. El narco se trasladó de Tapachula a Comitán, en las áreas de Frontera Comalapa, con énfasis en el área Chamic.
Los datos en poder de las autoridades son reveladores de la nueva ruta Chiapas-Cancún. En el área de chiapaneca Chamic se encontraron con Ponciano Sánchez, hermano del alcalde perredista cancunense Greg Sánchez. Y no fueron pocas las otras relaciones de poder con importantes figuras estatales del narcotráfico. Esta relación explica la asesoría política y judicial de Herrán al alcalde perredista Greg Sánchez.
La pista de Herrán comenzó con la revisión de más de mil expedientes de encarcelamientos presuntamente injustos promovidos por Herrán como Ministro de Justicia del estado. Hasta ahora el gobierno de Juan Sabines ha encontrado irregularidades en casi 400 casos y los encarcelados han sido liberados. Pero el asunto va a crecer porque el mandatario estatal ya promovió la reforma judicial necesaria.
Herrán ha quedado atrapado en los juegos de poder. El congreso local ha abierto un expediente de juicio político contra Herrán por la presunta responsabilidad en la violación de los procedimientos judiciales locales para encarcelar a campesinos. Pero por el lado federal, Herrán ya fue informado de la apertura de una investigación especial sobre su presunta responsabilidad y relación con bandas del crimen organizado. La indagatoria ha ido a fondo y ha descubierto correos especiales de Herrán a Europa, como Dulce Berenice Velázquez Orantes.
El tema del narco es prioritario porque las autoridades federales han recibido datos de que importantes dirigentes del narco se mueven en el corredor Chiapas-Cancún. La situación en Chiapas es delicada por el posicionamiento territorial del EZLN en zonas de presunto paso del narcotráfico. Hasta ahora no existen indicios de que las comunidades zapatistas estén directamente involucradas en el narco, pero existe la preocupación oficial de que las complicidades judiciales con el narco vayan a contaminar el tema zapatista.
Las revelaciones sobre el auge del narco durante la gestión judicial de Herrán han llevado al gobierno de Sabines a decisiones de fondo porque Herrán es secretario de Fomento Económico de su gabinete como una imposición a su antecesor Salazar Mendiguchía. Por lo pronto, Sabines ya abrió la cloaca de la violación de derechos humanos en el gobierno de Salazar Mendiguchía.
Plaza Pública: Chiapas, herida abierta
Plaza Pública: Chiapas, herida abierta
Miguel Angel Granados Chapa
Periodista
01 Abril 2008Actualizado: 11:33 PM hora de Cd. Juárez
Miguel Angel Granados Chapa
Periodista
01 Abril 2008Actualizado: 11:33 PM hora de Cd. Juárez
Distrito Federal— Aunque el acto que pretendía ser de justicia se convirtió en mera pieza de gruesa propaganda política, 137 personas fueron dejadas en libertad la tarde del lunes (y en las primeras horas del martes tuvieron la misma fortuna ocho más).
Protagonizó la ceremonia que dejó al descubierto la atrocidad de que se prive de la libertad durante meses y aun años a personas que proclaman su inocencia hasta que consiguen hacerse oír, el ministro de justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, un político de sinuosa trayectoria que en vez de avergonzarse en nombre de su gobierno por haberlos mantenido presos, los admonizó con tono burdamente paternalista:
“La sociedad espera de ustedes que después del esfuerzo que han realizado tantas personas para su liberación, se entreguen a la construcción de una nueva realidad para todos. Que los años que estuvieron en cautiverio no los hagan albergar odio en sus corazones y les permita tener una conducta que sea un ejemplo para sus hijos, sus familias y sus conciudadanos”.
Por diversas razones, especialmente la arbitrariedad y torpeza de las autoridades policiacas, cientos de indígenas fueron aprehendidos en el último año del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Algunos vivían en zonas donde actúan las juntas de gobierno zapatistas. Algunos de ellos se adhirieron en 2006 a ‘La otra campaña’, la discutible iniciativa del subcomandante Marcos para denunciar el proceso electoral de aquel año. Otros simplemente fueron acusados en falso y detenidos sin evidencia suficiente. De todos ellos pudo decir el grupo Paz con Democracia, el 12 de marzo pasado, que fueron “privados de su libertad mediante procedimientos en que no se observó ni garantizó el derecho a un debido proceso legal” y fueron “sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener declaraciones autoinculpatorias. Hechos que han quedado impunes pese a la denuncia de haber padecido actos denigrantes cometidos y consentidos por servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia del estado de Chiapas”.
En efecto, organismos civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otros, así como agrupaciones creadas en los penales por los propios afectados, no dejaron nunca de clamar por la recta aplicación del derecho, lo que significaba libertad para los injustamente presos. Tan desesperante era la situación, agravada día con día por el transcurso del tiempo que obraba en su perjuicio, que uno de esos presos, Zacario Hernández Hernández decidió emprender una huelga de hambre el 18 de febrero, en la cárcel de Cintalapa, llamada El Amate. Una semana después se unieron a esa forma extrema de protesta un total de 45 reclusos más, de aquella prisión la número 14, y de los penales 5 y 17 ubicados en San Cristóbal y en Playas de Catazajá. El 17 de marzo el iniciador del movimiento fue puesto en libertad, lo que aceleró el estudio de los expedientes penales que hasta entonces se había rehusado o emprendido con negligencia.
La libertad festinada por el gobierno local (que aun se dio el lujo de sacar de sus penales a los presos y hacerlos posar para las cámaras ostentando las boletas que pusieron fin a su reclusión) no pone fin al problema de la injusticia que se ceba en indígenas, sean o no militantes de agrupaciones civiles y sociales. Quedaron en prisión 26 practicantes de huelgas de hambre y ayuno, cuya salud está seriamente resentida después de casi cuarenta días de no probar alimento. “No es posible dejarlos en libertad –explicó la propaganda oficial– entre otras razones jurídicas porque hay pruebas periciales positivas, sindicación directa por las víctimas, testigos de cargo reales, ratificación de testimonios de cargo y suficientes pruebas indiciarias y presuncionales”. Motivos semejantes se habían aducido en el pasado reciente para negar libertad a quienes ahora la han recuperado, una vez, dice la misma propaganda gubernamental que “se llegó a la conclusión de que no son responsables de los hechos que se les acusan” (sic)
Durante el tiempo de su cautiverio cambiaron en Chiapas la estructura y el personal de procuración de justicia. Como si bastara mudar de denominación para instaurar una nueva realidad, durante el gobierno anterior la Procuraduría estatal se convirtió en Fiscalía General del Estado y ya en la administración de Juan Sabines –priista elegido con disfraz de perredista en agosto de 2006– en Ministerio de Justicia.
Durante largo tiempo se mantuvo al frente de esa oficina, en uno y otro gobierno Mariano Herrán Salvati, bajo cuya responsabilidad la policía ministerial detuvo a la mayor parte de los ahora liberados. En octubre de 2007 fue nombrado ministro Rodríguez Lozano, que tardíamente deshace los entuertos de su antecesor.
De muchas maneras, Chiapas sigue siendo una herida abierta en la difícil convivencia cotidiana entre los mexicanos. Aunque los sucesos que allí tienen lugar no alcanzan un sitio en los medios electrónicos (en que la mayoría de la población recoge la información que le permite conocer su entorno), las tensiones sociales que adquirieron forma de alzamiento armado el primero de enero de 1994 no han sido suprimidas y en amplias regiones ni siquiera aminoradas. Lo prueba el hecho de que más de cien personas permanezcan en prisión durante más de dos años –sin que nadie pague por esa injusticia–, al cabo de los cuales se reconoce el hecho sabido de que son inocentes y se les pone en libertad.