Al Gobierno Federal Mexicano, al Gobierno Estatal de Chiapas, a los pueblos indígenas de Chiapas y México, y a la sociedad en general:
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Programa de Participación Social Chiapas, queremos hacer pública nuestra indignación y preocupación ante los hechos ocurridos en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, donde fue efectuado un operativo policiaco por elementos de Seguridad Pública Federal y Estatal, en el que seis personas fueron ejecutadas, diecisiete más fueron lesionadas y treinta y cinco fueron detenidas.
Consideramos que las acciones de violencia y represión realizadas por agentes federales y estatales durante el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik, violan el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que proclaman el derecho a la vida, así como el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”
México es un país que ha expresado su convicción por una convivencia basada en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, expresados tanto en la Constitución, como en diversos acuerdos internacionales, por lo que situaciones de este tipo no pueden ser toleradas o ignoradas por la sociedad. Es por ello que exigimos a las autoridades federales y estatales responsabilicen a las personas involucradas y que bajo ningún argumento se repitan hechos de esta naturaleza.
Las acciones arriba referidas denotan el ambiente de hostigamiento y represión que existe hacia las comunidades indígenas chiapanecas, y los problemas sobre derecho de territorio, recursos naturales y patrimonio cultural e histórico. Hacemos un llamado enérgico al gobierno de todos los niveles, para que establezca el diálogo como estrategia principal de respuesta en conflictos agrarios y cualquier otro donde la ocupación territorial y los derechos de propiedad y derechos humanos se vean afectados. Garantizar justicia para todos es una tarea del Estado, que debe cumplirse dentro de los límites y cauces legales.
Como miembros de la sociedad civil, exigimos una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, que se sancione a los responsables, el resarcimiento de los daños a las familias afectadas y medidas que establezcan la NO repetición del uso de la fuerza pública como forma de solución a los conflictos sociales.
14 de octubre de 2008, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Programa de Participación Social Chiapas, queremos hacer pública nuestra indignación y preocupación ante los hechos ocurridos en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, donde fue efectuado un operativo policiaco por elementos de Seguridad Pública Federal y Estatal, en el que seis personas fueron ejecutadas, diecisiete más fueron lesionadas y treinta y cinco fueron detenidas.
Consideramos que las acciones de violencia y represión realizadas por agentes federales y estatales durante el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik, violan el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que proclaman el derecho a la vida, así como el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”
México es un país que ha expresado su convicción por una convivencia basada en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, expresados tanto en la Constitución, como en diversos acuerdos internacionales, por lo que situaciones de este tipo no pueden ser toleradas o ignoradas por la sociedad. Es por ello que exigimos a las autoridades federales y estatales responsabilicen a las personas involucradas y que bajo ningún argumento se repitan hechos de esta naturaleza.
Las acciones arriba referidas denotan el ambiente de hostigamiento y represión que existe hacia las comunidades indígenas chiapanecas, y los problemas sobre derecho de territorio, recursos naturales y patrimonio cultural e histórico. Hacemos un llamado enérgico al gobierno de todos los niveles, para que establezca el diálogo como estrategia principal de respuesta en conflictos agrarios y cualquier otro donde la ocupación territorial y los derechos de propiedad y derechos humanos se vean afectados. Garantizar justicia para todos es una tarea del Estado, que debe cumplirse dentro de los límites y cauces legales.
Como miembros de la sociedad civil, exigimos una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, que se sancione a los responsables, el resarcimiento de los daños a las familias afectadas y medidas que establezcan la NO repetición del uso de la fuerza pública como forma de solución a los conflictos sociales.
14 de octubre de 2008, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
ALIANZA CIVICA-CAMADDS
CEDIAC-CETAMEX
CIFAM-CISC
COFEMO-COMPATIA
FIECH FORO CHIAPAS
GIAADEC-OREPPA
PROEDUCACION MEXICANA-PRONATURA CHIAPAS
RED DE COMUNICADORES BOCA DE POLEN-SNA JTZ´IBAJOM
UNA MANO AMIGA CONTRA EL SIDA
COOPCAFE Y SIASSC
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