OBSERVATORIO CIUDADANO

Francisco Resendiz
El Universal
Ciudad de México Miércoles 08 de octubre de 2008
21:12
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

Este miércoles el PRD demandó al gobierno de Chiapas investigar a fondo los hechos violentos en el poblado de Miguel Hidalgo, a fin de determinar quien ordenó el desalojo violento de un grupo de indígenas que habían decidido, en asamblea, hacerse cargo de la administración de la zona arqueológica de Chincultik.
La Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD refirió que en ese operativo, implementado por la Policía Estatal y en el que murieron seis personas, participó la Policía Federal, y exigió al gobierno federal "el alto total a la criminalización en contra de la protesta social en Chiapas".
Indicó al gobernador chiapaneco Juan Sabines, del PRD, que no basta con indemnizar a los deudos, darle becas a los hijos de las víctimas, pensión de por vida a las viudas, proyectos productivos y un centro ecoturístico, sino que debe de llegarse al fondo del asunto y castigarse a los responsables de las muertes.
Al fijar posición el PRD indicó que la actuación del gobierno de Chiapas en estos hechos, "merece algo más que discurso, merece una investigación exhaustiva, pronta e imparcial que permita conocer quién dio la orden para el brutal operativo de desalojo" en la zona arqueológica de Chincultik.
"También es necesario un auténtico compromiso con los derechos de los pueblos indios sobre su territorio como base de su desarrollo económico", puntualizó Marcela Nolasco, secretaria de Derechos Humanos de la dirigencia nacional del PRD.
Al condenar los hechos violentos del 4 de octubre, la funcionaria perredista argumentó que ante el abandono en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene la zona arqueológica de Chincultik, los indígenas decidieron hacerse cargo del lugar y administrarlo.
Los habitantes del Ejido Miguel Hidalgo, cercano a dicha zona arqueológica, comenzaron a cobrar un menor precio de entrada a los visitantes y a realizar labores de limpieza, por lo que el INAH presentó ante la PGR una denuncia penal en contra de los indígenas tojolabales ocupantes de lugar.
"Ante dicha situación, el 3 de octubre de 2008 el gobierno de Chiapas sostuvo una reunión con los pobladores. Ese mismo día, funcionarios estatales acudieron a Chincultik invitados por los indígenas para constatar el mal estado en que se encuentra la zona arqueológica.
"Tras la visita acordaron que se reanudarían las pláticas para alcanzar acuerdos sobre los apoyos ofrecidos (600 mil pesos) para cosechar jitomates, aguacates y duraznos que había sido rechazada por los ejidatarios", esgrimió la secretaría de Derechos Humanos perredista.
Agregó que pese a existir una mesa de negociación, agentes de la Policía Federal llegaron a la zona arqueológica para desalojar a los 25 indígenas que se encontraban ahí.
"La policía ingresó al poblado en camionetas de la PFP lanzando gases lacrimógenos, incluso en escuelas, provocando daños mentales a los niños".
Narró que enseguida llegaron entre 250 y 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva que sitiaron a los pobladores. Los campesinos se defendieron con machetes y palos.
"Así fue como retuvieron a 77 policías, los desarmaron y encerraron en la casa ejidal. Las armas y al menos ocho vehículos, entre ellos un remolque para transportar caballos, también fueron retenidos, los cuales entregaron posteriormente".
Dijo que "en este ilegal operativo resultaron muertos seis campesinos, 10 heridos de bala y un sinnúmero de detenidos. La agresión de la fuerza pública, se extendió a niños, mujeres y personas de la tercera edad... Once agentes involucrados en los homicidios fueron detenidos, dos ya confesaron haber participado en los hechos".

vrs /fml