OBSERVATORIO CIUDADANO

Ángeles Mariscal

La Trinitaria, Chis., 17 de octubre. La incursión policiaca en el poblado Miguel Hidalgo y el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik, se efectuó sin que mediara una orden judicial, señalan las investigaciones del caso.

Según fuentes oficiales, a mediados de septiembre la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) había interpuesto ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la ciudad de México, una demanda penal por el delito de despojo contra quienes el 7 de septiembre tomaron la zona arqueológica de Chincultik, pero está no había sido remitida a la delegación de Chiapas, al momento del desalojo.

En su premura por “recuperar” la zona el delgado del INAH en Chiapas, Emiliano Gallaga Murrieta, “dos o tres días antes del desalojo” envío un oficio a la Secretaría de Gobierno local, solicitando el desalojo, esta vez por la vía estatal.

“Aprovechando que la PGR iba a entrar al parque nacional Lagos de Montebello el 3 de octubre –donde sí había una orden judicial autorizado el desalojo- el secretario de gobierno, José Antonio Morales Messner, solicitó al Ministerio de Justicia estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP y PC), que desocupara Chincultik, ubicada a seis kilómetros e distancia del parque”, señaló la fuente.

Explicó que en la reunión previa que sostuvieron personal de la PGR, SSPyPC, y Ministerio de Justicia, la dependencia federal se desistió de entrar a Chincultik en tanto no se les solicitara mediante una orden del juez.

El Ministerio de Justicia justificó su intervención en el desalojo, debido a que Roberto Pinto, delegado de gobierno de La Trinitaria (municipio donde se encuentra la zona arqueológica), envió la solicitó a Marcos Esteban Juárez Escalera, director de la Policía Ministerial, diciendo que por instrucciones de Morales Messner se solicitaba el operativo, porque se había agotado el dialogo con los campesinos.

Así, solo con un oficio administrativo de por medio, el Ministerio de Justicia y la SSPyPC acuerdan el desalojo de Chincultik.

Otra falla operativa se dio en el operativo del 3 de octubre, según explicó un oficial de mando de la SSPyPC actualmente sujeto a arraigo, quien fue entrevistado por La Jornada vía telefónica.

El oficial, quien pidió el anonimato, explicó que el 3 de octubre concentraron a 300 policías estatales, quienes posteriormente fueron trasladados a la zona de La Trinitaria.

“En el entronque que divide las entradas a Chincultik y a Lagos de Montebello, el destacamento de dividió en dos, uno se fue con los policías federales a Montebello, donde se llevó a cabo el desalojo sin incidentes. Otros se desviaron a Chincultik…no se nos aviso que íbamos a entrar a Miguel Hidalgo (poblado ubicado a dos kilómetros de la zona arqueológica)”.

“En la zona arqueológica sólo había dos o tres personas, no se registraron incidentes tampoco, pero entonces el mentado Pola (subdirector de la policía ministerial, Miguel Alejandro Pola) da instrucciones que los policías entren al poblado a detener a los líderes, es cuando la gente los rodeo y detuvo a unos 70 policías.

“Escuchamos por radio que Pola le da instrucción a Besares (José Domingo Besares Vázquez, director de la Policía Estatal Preventiva) para que rescate a nuestros compañeros. Entonces empiezan los choques con la población.

El mando policíaco explicó que las fallas en el operativo de desalojo empezaron desde su planeación: “según el Procedimiento Sistemático de Operaciones, cuando hay desalojo solo tres de cada 30 policías van armados, el resto sólo debe portar toletes y escudos. El día del operativo a todos nos dieron armas largas”.

“Tampoco nos ubicaron en un mapa la estrategia, los tiempos y los límites…quien hizo la estrategia fue el Ministerio de Justicia, a nosotros (los integrantes de la SSPyPC) no nos dijeron nada. Fue Pola quien iba al mando”, declaró el uniformado.

Actualmente sigue en proceso la investigación sobre la responsabilidad de los mandos policíacos y judiciales en el operativo que dejó la muerte de seis campesinos, cuatro de ellos ejecutados arbitrariamente.

Sólo se encuentran sujetos a proceso penal siete policías como los presuntos autores materiales de la muerte de cuatro de los seis campesinos.

Públicamente el gobierno estatal deslindó de toda responsabilidad a la PGR, y sometió a arraigo al director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) responsable del operativo, José Domingo Besares Vázquez, y del subdirector de la policía ministerial, Miguel Alejandro Pola.