ISAÍN MANDUJANO/APRO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 26 de enero (apro).- El exzar antidrogas de México y exfiscal  general de justicia de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti compareció la noche del domingo ante un juez del ramo penal donde se reservó su derecho a declarar y pidió hacerle por escrito en días posteriores.

         Acusado de los presuntos delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del Estado, Herán Salvatti pasó su segunda noche en el penal de El Amate y fue puesto a disposición del juez tercero del ramo penal Bruno Bermúdez.

         Hoy el mismo juez Bermúdez dio a conocer que ante la ausencia de un abogado de su confianza, a  Mariano Francisco Herrán Salvati se le asignó un abogado defensor de oficio.

         Herrán Salvatti fue llevado la noche del domingo 25 a las 20 horas  a la rejilla de prácticas del juzgado tercero para que el juez Bermúdez le leyera el expediente donde se le acusa de un presunto peculado por no más de 6 millones de pesos en la Secretaría de Economía, donde estuvo en su última etapa como servidor público estatal.

         Explicó que por  tres de los cuatro delitos que se le imputa podría alcanzar fianza pero no por el de asociación delictuosa.

         El juez tercero que giró la orden de aprehensión para capturarlo, indicó que Herrán se reservó su derecho a declarar y que lo haría por escrito. Solicitó además la ampliación del término constitucional para que se le dicte el auto de libertad o de formal prisión.

         Es decir, el término vencerá hasta el sábado 31 a las cero horas, dijo el juez.

         Herrán Salvatti fue detenido en un fuerte operativo policiaco la noche del sábado 24 en una lujosa mansión de la colonia Xamaipac al poniente de la capital del estado.

         Con la desaparición del Instituto Nacional de Combate a la Drogas (INCD) que dirigió el general Jesús Gutiérrez Rebollo, se creó la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Salud (FEADS) que dirigió el político chiapaneco.

         Herrán Salvatti fue quien encabezó el llamado maxi proceso contra más de 60 miembros del cartel de Amado Carrillo Fuentes y donde resultó involucrado el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

         Un polémico caso que involucró a Herrán Salvatti fue la muerte de uno de sus escoltas que iba a bordo de su motocicleta mientras cuidaba al zar antidrogas en una de las calles del Distrito Federal, se dijo que para nada era un intento de asesinato del funcionario federal y sí un intento de asalto.

         Asimismo, cuando dejó la FEADS, se le investigó por los equipos de Rayos X o Movil Search, que compraron en Estados Unidos y resultaron un fracaso cuando estos  empezaron a fallar.

         La FEADS desapareció en el 2003 pero Herrán Salvatti ya era un flamante procurador de justicia en su natal Chiapas donde empezó a recibir quejas por violaciones graves a los derechos humanos.

         Incluso se desapareció la PGJE y se le creó una Fiscalía General del Estado (FGE) con autonomía para que pudiese actuar con supuesta independencia del poder ejecutivo, sin embargo siempre se le consideró el brazo ejecutor para hostigar y llevar a la cárcel a los detractores de Salazar Mendiguchía.

         Cientos de campesinos, indígenas, maestros, normalistas, médicos, sindicalistas fueron a parar a prisión por protestar contra el gobierno de Salazar.

         Organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas siempre reclamaron el uso faccioso del la ley por parte de Herrán Salvatti.

         Cuando se fue Salazar, Herrán permaneció en el cargo. Fue necesario que su sucesor el gobernador Juan Sabines ordenara una reforma Constitucional para desaparecer la FGE y crear el Ministerio de Justicia de Chiapas. Meses más tarde pudo remover a Herrán Salvatti y nombrar en su lugar a Amador Rodríguez Lozano.

         En octubre del 2007, Herrán Salvati fue nombrado nuevo titular de la Secretaría de Economía con sede en su ciudad natal Tapachula, cargo en el que estuvo hasta junio del 2008.

         Es por su paso en ésta última dependencia y no por la primera donde se le mantiene puesto a disposición del juez tercero del ramo penal por los presuntos delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del Estado.

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Es menester recordar que a principios de 2008 el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado dio a conocer el resultado de una auditoría practicada a la administración de Herrán durante el 2007, cuando estaba a cargo de la FGE, dependencia que para ese momento ya había desaparecido para constituirse como Ministerio de Justicia.

            En el expediente señala un faltante de documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, erogaciones improcedentes, incumplimiento a la norma en materia de adquisiciones, por un monto de 180 millones.

            En el documento se señala como presuntos responsables del desfalco a Mariano Francisco Herrán Salvatti, exfiscal general; a Jorge Granillo Vázquez, y Gabriel Salcedo Torres, quienes fungieron en su momento como coordinadores generales de administración y finanzas. También a Jorge Arreola Nava, director general de bienes asegurados; y Felipe de Jesús Rojo Ruiz, director general de informática y desarrollo tecnológico, entre otros.

            Gabriel Salcedo Torres, brazo derecho de Mariano Herrán, fue detenido y procesado por este caso. Al momento se encuentra recluido en el penal de El Amate, dirimiendo el juicio. Herrán solicitó un amparo contra su posible detención, mismo que le fue otorgado.

            Otro expediente que le fue abierto al ex Fiscal General de Justicia fue el relativo a los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio púiblico, remitido en mayo de 2008 al Ministerio de Justicia, por parte del Congreso local.

La investigación en su contra se abrió cuando diputados locales recibieron de manos del Tribunal de Justicia los expedientes de decenas de presos que mantenían una huelga de hambre y aseguraban fueron encarcelados injustamente por delitos prefabricados por el propio Mariano Herrán, para acallar sus movilizaciones sociales.

Los legisladores enviaron las conclusiones del caso al Ministerio de Justicia, quien inició el proceso de investigación judicial. Sin embargo Mariano Herrán nuevamente solicitó amparos contra su eventual detención.

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Para el abogado defensor de indígenas de Chiapas, Miguel Ángel de los Santos Cruz, quien siempre cuestionó la labor de Herrán Salvatti, la detencion del ex-fiscal constituye una medida política y jurídica pertinente, en la medida en que la impunidad no debe tener cabida para quienes sustraen para su beneficio personal los recursos públicos.

Por lo que demandó se inicie el proceso penal correspondiente y que este culmine en la declaración de responsabilidad de Herran Salvatti, y en la devolución de los fondos.

“No obstante, el ex-fiscal está también involucrado en crímenes más graves que el peculado. Existe evidencia suficiente que indica que mientras estuvo al frente de la Fiscalía indujo a sus colaboradores a cometer ilícitos y violaciones a los derechos humanos en contra de líderes sociales, periodistas, activistas de los derechos humanos y demás personas no afines a la política de la pasada administración”, dijo De los Santos.

Señaló que la detención llevada a cabo se ha convertido en el acto de justicia que las víctimas del anterior régimen estaban esperando: “En no pocas ocasiones, las victimas, y me incluyo, tuvimos que sufrir la impotencia de la injusticia y la represión de un personaje que pervirtió la procuración de justicia para acallar las voces opositoras”.  

Mencionó el abogado que deben revisarse las averiguaciones previas que injustificadamente fueron archivadas y que contienen denuncias por detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos.

Señaló que como medida adicional debe también llevarse a cabo una limpieza profunda en la instancia de procuración de justicia y despedir a todos aquellos malos funcionarios que sirvieron a un régimen de represión.

“Es evidente que el ex-fiscal fue capaz de imponer el terror judicial porque contaba también con la complicidad de otras instancias de gobierno, incluso de aquellas creadas para proteger los derechos humanos”, agregó.

“Solo de este modo y con estas medidas, la detención del ex-fiscal será percibida como un acto de justicia de un gobierno comprometido con los derechos de las víctimas del anterior régimen, que además rechaza la represión como mecanismo para silenciar las voces opositoras”, concluyó.

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