Ángeles Mariscal/corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de diciembre. Mujeres activistas de diversas organizaciones sociales se manifestaron en el Congreso de Chiapas para protestar por la aprobación de la que consideran “ley antiaborto”. Exigieron al gobernador Juan Sabines que vete la ley, y no la publique a fin de que no entre en vigor. También pidieron a los ayuntamientos la rechacen.


Grupos de mujeres de diversas organizaciones sociales arribaron a la sede del poder Legislativo al poco que de manera sorpresiva los 40 diputados locales aprobaran la iniciativa de ley que otorga derechos legales al cigoto.


Las activistas sociales reclamaron al diputado Mauricio Mendoza Castañeda -quien se dijo autor de la nueva ley- la aprobación de la misma. En el interior del cubículo del legislador, este le dijo que la ley era “a favor de la vida y en apoyo a la mujer” , y si ellas consideraban lo contrario, era una cuestión de “diferencias de opinión”, y tenían los causes legales para impugnarla.

Las mujeres recriminaron el que no se les haya considerado ni a los grupos organizados ni a la población en general, y explicaron en voz de Martha Figueroa, que leyes como la aprobada sólo contribuirá a incrementar los casos de muerte materna y violencia contra la mujer.

Nancy Zarate, otra de las activistas, señalaron las incongruencias jurídicas y legales que conllevará la aplicación de la nueva ley, que en estricto criterio criminalizaría el uso de los métodos anticonceptivos, los métodos de concepción asistida, la eutanasia y la investigación con óvulos.

Posteriormente las activistas acudieron al interior de la sala de sesiones, en donde se tenían programadas las comparecencias de las secretarias del Trabajo y la demedio Ambiente.

Sin embargo los legisladores se negaron a introducirse a la sala a fin de evitar las impugnaciones en su contra, por lo que suspendieron las actividades.

A pesar de ello las mujeres sacaron mantas y pancartas para exigir respeto a su derecho a decidir sobre su cuerpo.

En entrevista, explicaron que en un primer momento solicitan al gobernador Juan Sabines vete la ley aprobada y no la publique en el Periódico Oficial; a los ayuntamientos pidieron su rechazo a la misma.

Advirtieron que de continuarse el proceso para que la ley en controversia entre en vigencia, llevaran el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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