TOMADO DE LA JORNADA.
VERSIÓN DEL GOBIERNO DE CHIAPAS

Desalojó a damnificados de albergues, enviándolos a viviendas inhabitables

10 mil familias afectadas por bonos sin fondo de financiamiento, entregados por Pablo Salazar
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de mayo de 2011, p. 21
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/index.php?section=politica&article=021n2pol

Tuxtla Gutiérrez, Chis. El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, trata de distraer y confundir a la opinión pública respecto al caso de la reconstrucción por el huracán Stan en 41 municipios de Chiapas en las zonas Costa y Soconusco.

En un mal intento de justificación, el ex gobernador Salazar señala temas que no tienen que ver con los recursos respecto a los que se han detectado desvíos, sobre todo en materia de vivienda.

Habla de 11 mil millones de pesos para reconstrucción y evita hacerlo del total de mil 589 millones de pesos destinados específicamente al rubro de vivienda.

Pablo Salazar evita hablar de la inconformidad social de 10 mil 49 familias afectadas por fraccionamientos mal construidos: de 94 fraccionamientos edificados en la administración anterior en la reconstrucción, 88 están mal construidos.

El gobierno federal emitió bonos de vivienda de Fonapo, los cuales se han podido hacer efectivos a los beneficiarios. Sin embargo, hay 10 mil familias afectadas, porque cuentan con un bono emitido por Pablo Salazar que carece de validez jurídica y normativa y que nunca contó con fuente de financiamiento.

El problema de desvío de recursos y falta de explicación de los más de mil millones de pesos para vivienda se deriva desde la mala acción en la adquisición de predios: muchos en zonas inundables, sólo por poner un ejemplo en dos fraccionamientos, los más grandes, hay más de 6 mil familias afectadas con problemas de inundación.

Veinticuatro fraccionamientos se construyeron sin red eléctrica, 38 sin agua potable, 43 sin drenaje, 73 sin alumbrado público, 11 fraccionamientos necesitaban drenaje pluvial y no cuentan con él y cinco requieren muros de contención.

La prioridad para Pablo Salazar fue sacar a la gente de los albergues; no le interesó mandarlos a vivir a casas mal construidas porque no contaban con lo mínimo indispensable para ser habitables.

Explica lo que es público: la asignación de los recursos, cuando lo que debería preguntarse es ¿dónde y cómo se gastaron los recursos en vivienda por un monto de mil 589 millones de pesos, de los cuáles hay observaciones derivadas de 13 auditorías en mil 79 millones 726 mil 616 pesos?

Esas 13 auditorías se realizaron en 2007 por la Secretaría de la Función Pública se identificó dicho quebranto de mil 79 millones de pesos, donde sólo una auditoría al INVI, la 331, arrojó una irregularidad de 974 millones, referida a la construcción de vivienda, de las cuales lograron solventar 433 millones, quedando un pendiente de 673 millones.

Se repite la pregunta: ¿dónde quedó el dinero de vivienda? ¿Cómo fueron ejercidos los mil 589 millones de pesos?

Pablo Salazar hace un falso debate sobre si existe o no la documentación comprobatoria del programa de vivienda. Habla de documentación desaparecida y traspapelada. Es totalmente falso: la documentación sobre vivienda ha sido manejada desde el inicio de esta administración precisamente por el área responsable de vivienda.

El ex gobernador Salazar sabe de las obras mal hechas e inconclusas y aun así se pregunta si existe este problema. Ya se ha hablado de los terrenos inundables, la falta de servicios básicos y las familias que siguen esperando una vivienda. Asimismo de 94 predios adquiridos para vivienda 64 eran ejidales (no podían ser escriturados) y se adquirieron de manera irregular como propiedad privada.

Salazar habla de irresponsabilidad en hacer efectivas las fianzas correspondientes en materia de vivienda, cuando la realidad es que en los 372 contratos que se hicieron no se especificaron montos de fianza.

Existe, por ejemplo, un caso en Escuintla, donde se encuentran pagadas al 100 por ciento la construcción de viviendas y la supervisión externa y no hay UNA sola casa construida.

Hablemos de las observaciones por auditoría a los mil 589 millones de pesos en materia de vivienda, y otras obras, que han derivado, luego de un proceso jurídico fundado y motivado, en varias detenciones.

Las más de 10 mil familias afectadas sólo en el tema de vivienda en el fallido intento de reubicación en fraccionamientos inhabitables, están formadas por chiapanecos, padres y madres de familia, niños y niñas que además de la tragedia de las inundaciones por el huracán Stan, sufrieron el engaño de una casa nueva que también se inunda o no tiene agua potable por lo menos. Las evidencias ahí están en los sitios donde se construyeron.

El gobierno de Chiapas, la actual administración, lejos de hacer un linchamiento político se dedicó a responder a la gente afectada; se ha ido resolviendo la problemática de la gente en acciones claramente registradas en estos más de cuatro años; se han atendido alrededor de 2 mil familias que tenían acciones pendientes de vivienda.

Para diciembre de 2006 el ex gobernador Pablo Salazar reportó 94 por ciento de avance global en la reconstrucción, sin embargo dejó mil 910 obras inconclusas, por lo que el avance físico real era entonces de 63.5 por ciento.

Muchas de estas obras sin concluir se encontraban finiquitadas en su pago.

De todo ello queda claro que el daño mayor del huracán Stan y su proceso fallido de reconstrucción es el perjuicio social a miles de familias que no han tenido ni recuperado una vivienda digna.

Inserción pagada


RESPUESTA DE PABLO SALAZAR A LA INSERCIÓN PAGADA POR EL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA JORNADA


MAS SOBRE EL HURACAN STAN

*Respuesta a la inserción pagada en el diario La Jornada

Juan Sabines continúa documentando desconocimiento y manoseo de la Reconstrucción

Juan Sabines nunca adquirió un compromiso ético con la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán Stan en Chiapas. Su falta de involucramiento se traduce en la permanente evidencia de su desconocimiento de información generada hasta por sus propios empleados. Los datos difundidos en la inserción pagada del diario La Jornada, documentan una vez más el manoseo que han decidido hacer de una tragedia que ocurrió hace casi seis años.


1. Juan Sabines califica como un falso debate la existencia o no de documentación comprobatoria en poder del gobierno actual. Es pedirle algo imposible pero debería poner orden en la Secretaría de la Función Pública. Fueron ellos quienes, en todo caso y en efecto, inventaron ese “falso debate” al acusar a los funcionarios del ex Instituto de la vivienda de no poseer documentación comprobatoria por más de mil millones de pesos. Estas imputaciones obran en alegatos, audiencias y peritajes practicados como parte de la solventación proporcionada por los ex funcionarios. Ante nuestra denuncia pública ahora salen a reconocer lo que siempre se les dijo: ustedes tienen la documentación. La tienen y siempre la han tenido por lo que se comprueba que la motivación central sigue siendo usar el dolor ajeno como mercancía política. Sus empleados deberían informarle cómo torcerán las cosas para no dejar tan mal a su jefe.


2. Los chiapanecos han comprobado que el de Juan Sabines es un gobierno de palabras. Con discursos quieren borrar lo que está plenamente documentado. En sus inútiles esfuerzos por desacreditar, hablan de“obras inconclusas”. Es normal que quien no se preparó para gobernar desconozca cómo funciona la vida institucional. No quedaron obras inconclusas sino obras en proceso obras en proceso que eran y son obligación de las autoridades actuales concluir. Era y es su responsabilidad. El poder ejecutivo tiene la autoridad para administrar y responder por las políticas y programas públicos. Desde luego, esto es así cuando la mística es servir y no distraer la atención a las ineficiencias propias.


3. Para Sabines el avance de la reconstrucción fue del 63% al 2006. Falso absolutamente. Pero aún, suponiendo sin conceder, que se dieran por válidas sus cifras manipuladas ¿no le da vergüenza reconocer que el gobierno anterior, en tan solo un año, realizó un titánico e impresionante avance y él, en cuatro años, no ha podido con el supuesto 37%?


El cinismo y la desverguenza no tienen límite.


4. También es interesante observar cómo este gobierno reconoce la ineficiencia de su gestión para concluir los servicios públicos en fraccionamientos de las zonas de reconstrucción. Acostumbrados a que todo les cayera del cielo esperaban que con su gobierno, ocurriera lo mismo. Para su desgracia, hay que trabajar. en contraste con la pasada administración, la planeación de la infraestructura se realizó de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad y los Ayuntamientos. El seguimiento para la conclusión de los trabajos en proceso era y seguirá siendo una obligación de las autoridades actuales con los contratistas y, en su caso, los ayuntamientos para cumplir con la satisfacción de las demandas legítimas de los damnificados. Hasta el 2006, un gran número de fraccionamientos estaban pendientes de ser administrativamente recibidos para su posterior entrega, con todos los servicios, a los municipios. A este proceso en la Ley de Fraccionamientos del Estado se le llama “municipalización del fraccionamiento”.


Para diciembre del 2006, únicamente en 6 asentamientos rurales faltaba la energía eléctrica y, en otros 8 el agua, dado que los recursos para dichos servicios estaban considerados en los más de 150 millones de pesos pendientes por suministrar de parte del gobierno federal al gobierno del estado. Si hubo fraccionamientos sin red de drenaje sanitario, fueron los de tipo rural en los que, de origen se planteó un sistema a base de letrinas ecológicas y que por lo tanto nunca estuvo considerado en los alcances de los contratos la construcción de sistemas convencionales de drenaje.


Hoy, como lo han hecho desde hace más de cuatro años, lanzan descalificaciones sin sustento. A Sabines ya no le importa que la descalificación y la infamia alcance a los damnificados, quienes sacaron fortaleza de su desgracia y se dieron la posibilidad de organizarse para la recepción-distribución de los apoyos durante la emergencia. Los propios afectados organizaron más de 600 comités de reconstrucción de vivienda, que validaron con dignidad e integridad los censos de damnificados, visitaron y seleccionaron terrenos, organizaron la distribución de materiales y en todo momento actuaron como contraloría social del proceso.


Los damnificados vivieron junto a las instituciones la reconstrucción que fue mucho más que un proceso de los gobiernos federal y estatal porque requirió de la participación de la sociedad mexicana en su conjunto: los proveedores, constructores y, principalmente, los mismos damnificados. Pero en el caos, la ligereza, el desorden y la evasión de responsabilidades, es predecible que quieran presentar a familias afectadas por supuestos terrenos no bien escogidos.

Todos los terrenos adquiridos contaron con los dictámenes de Protección Civil y se encuentran en los archivos que hicieron perdedizos durante un tiempo y que, ahora, reconocen que sí tienen. De manera complementaria, se contaron con dictámenes especiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) donde participaron municipios y comités de reconstrucción. Existe un terreno, en Huixtla, avalado por la CNA, que se le construyó un bordo de protección y un dren pluvial pero siempre estuvo prevista la necesidad de mantenimiento de limpieza y desazolve que año tras año se tendrá que hacer del dren. Si no lo han hecho por el interés de hablar mal de la reconstrucción es una razón diferente.


5. En la administración de Sabines, el desconocimiento es un mal endémico. Dicen que hay predios adquiridos y que no pueden ser escriturados por ser ejidales. ¡ Semejante confesión de ignorancia ¡ Las reformas al artículo 27 Constitucional tienen casi 20 años en vigor y a partir de ellas, el ejido es sujeto de cambio de modalidad en su tenencia. Todas estas adquisiciones fueron procesos acompañados por las autoridades competentes como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional y la documentación correspondiente está en los archivos que “no aparecían” del extinto INVI.

De no proceder la escrituración de terrenos con antecedentes ejidales, como ellos aseguran, una de las magnas obras del gobierno 2000-2006 -esa sí, una obra magna que alcanza hasta para ser presumida por este gobierno- no hubiera sido posible: el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Ahí está esa prueba irrefutable que resolvió el problema de comunicación aérea que vivía Chiapas y hoy es pilar que soporta la vida económica y social.

Los predios ejidales adquiridos para el aeropuerto como para la reconstrucción cumplieron con el procedimiento contemplado en las leyes agrarias. Por supuesto que corresponde a las autoridades actuales concluir con el proceso de individualización de los terrenos y escriturar a cada uno de los beneficiarios su vivienda. Claro, como en otros casos, los chiapanecos se preguntarán ¿Por qué Pablo pudo y Juan no?

6. Sabines cree que su mundo de propaganda es el único que existe. No piensa que hay otros protagonistas sociales que son testigos más allá de su gobierno. Al caerse el teatro montado con la reconstrucción y verse descubiertos en el incumplimiento de su responsabilidad de aplicar las fianzas, ahora dice que no se especificaron montos. Todo el mundo de la construcción debe estar asombrado con el tamaño de tremendo disparate: toda obra debe contar de origen con fianza de anticipo (si lo hay), de cumplimiento y de vicios ocultos al recepcionar la obra. Las fianzas de los contratos de la reconstrucción forman parte de los expedientes de obra entregados a la presente administración. Si el gobernador y sus empleados no aplicaron lo que en derecho le correspondía al estado contratante, es una de las omisiones por la que deberán responder, ellos sí, ante la justicia.


7. Es grave que en la agonía de este gobierno, su titular no haya entendido muchos de los pasos, mecanismos, plazos, términos y límites en el proceso de reconstrucción. Es el caso de los llevados y traídos bonos de vivienta emitidos por el gobierno federal. NUNCA EXISTIERON BONOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO DE CHIAPAS. El procedimiento fue y es, de acuerdo con las Reglas de Operación, el siguiente:


a) Constitución de más de 600 comités de damnificados: uno por colonia, cabecera y localidad. Tan solo en Tapachula, donde hubo necesidad de construir 3 mil viviendas y reubicar a 39 colonias, se integró un comité por colonia.


b) Validación del Censo por los comités. Aprobación, nombre por nombre, de las familias damnificadas al ser los garantes de identificar a sus vecinos.


c) Expedición del “Certificado de daños a la vivienda” firmado por el Gobierno federal y el gobierno estatal, con el cual se aseguraba a la familia que estaba inscrita en el padrón de damnificados que obtendrían el beneficio, de acuerdo al tipo de daño sufrido en la vivienda. Existían cuatro posibilidades: I. Vivienda inundada, II. Reparación de vivienda, III. Reconstrucción de vivienda en el mismo terreno y, IV. Reubicación de vivienda.


d) Ministración de los recursos de cada subsidio por parte del FONHAPO (gobierno federal). Esa institución tenía la obligación, por ley, de elaborar el documento de subsidio que se turnaba al INVI (gobierno estatal) y a la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Social (gobierno federal) para recoger la firma del beneficiario. Dicho documento regresaba al gobierno federal como comprobación.



Si existen personas que, de mala fe duplicaron el beneficio del Certificado original, basta con que los funcionarios actuales verifiquen en el Censo oficial. Si también extraviaron ese documento o no saben dónde encontrarlo, lo pueden solicitar y se los puede proporcionar en el FONHAPO. También están las actas de entrega recepción de la vivienda firmadas por cada beneficiario que existen en cada expediente de obra.


8. Llama la atención que antes de difundirse el documento “La verdad sobre la reconstrucción del huracán Stan en Chiapas” el coro de Sabines hablaba del “robo” de 11 mil millones de pesos que costó la reconstrucción por el Huracán Stan. Durante más de cuatro años, mantuvieron esta diatriba. Hoy, descubiertos en su embuste, inventan otra cifra diez veces menor: 1 mil 589 millones.


El problema de este gobierno es que lanzan sus mentiras y terminan asumiéndolas como “verdades documentadas”. De acuerdo con lo que se explica detalladamente en el Anexo 1, denominado “Alcances y Operación del Programa de Reconstrucción de vivienda por el Huracán Stan”, para el programa de vivienda de la reconstrucción fueron aprobados 1 mil 200 millones 84 mil pesos. De ellos, sólo fueron radicados al Instituto de Vivienda, al 8 de diciembre de 2006: 1 mil 58 millones de pesos. Dicha cantidad debidamente comprobada ante las instancias federales y estatales se distribuyó de la manera siguiente:


De nueva cuenta, como el cuento de los 11 mil millones, jamás hubo en las arcas del estado más de 1 mil 500 millones de pesos. Quienes lo afirman pecan por desconocimiento o por un afán de manoseo doloso.


9. Por consigna, la Secretaría de la Función Pública también pretende ignorar, minimizar y descalificar los resultados de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación tanto al INVI, como a las instituciones federales corresponsables del proceso de reconstrucción, ya que seleccionaron el 100% de los recursos otorgados a este programa. Lo omiten porque los resultados auténticos y verificables no convienen a la campaña de linchamiento político de su jefe y a la judicialización de la reconstrucción como venganza política.


El extracto más relevante de la Auditoría y sus principales resultados señalan textualmente:



Juan Sabines debe entender de una vez por todas que no hay manera de maquillar la verdad. Todos lo relacionado con la Reconstrucción está debidamente acreditado y con soporte documental. Inventar o adjudicar faltantes e ilícitos es sólo una engañifa innata a esta gestión.


es insostenible el juego de espejos del actual gobierno, porque en la base social su credibilidad está minada. Chiapas y los chiapanecos están despiertos. Conocen la dimensión del pasado y del presente. La verdad es colectiva y se construye entre todos los que han sido testigos ayer y hoy. Las voces sin estridencia serán las que forjen el camino del estado. Siempre ha sido y será así. No se puede reducir la gran historia de nuestro pueblo al cúmulo de rencores y complejos de quien hoy gobierna.


Hasta hoy, el titular del ejecutivo sólo documenta que en el tema de la reconstrucción tiene un profundo desconocimiento y una enorme convicción por manosearla y lucrar políticamente.


Insistimos, los alcaldes y funcionarios municipales detenidos, así como la Arquitecta Socorro Domínguez, mujer ejemplar, son rehenes de los odios de Juan Sabines.