La verdad sobre la reconstrucción
de los daños del huracán Stan en Chiapas:
Pablo Salazar Mendiguchía

1. ¿Has escuchado, visto o leído que el gobierno de Pablo Salazar se "robó" 11 mil millones de pesos de la reconstrucción?


Dicha afirmación es una infamia. Es una campaña negativa motivada por intereses políticos y es utilizada para llenar los espacios en los medios de comunicación con el objetivo de apartar la atención de las graves cosas que ocurren en Chiapas. Con ello, pretenden ocultar las ineficiencias del gobierno de Juan Sabines.
La verdad, que han deseado sepultar con torrentes de tinta pagada durante cuatro años, es que el gobierno de Chiapas jamás tuvo 11 mil millones de pesos en su poder y a su disposición.

2. ¿Cuánto dinero hubo?¿Cuál fue su procedencia?

Los recursos para la reconstrucción tuvieron su origen en: Gobierno federal: 7 mil 998 millones de pesos, Gobierno de Chiapas: 2 mil 956 millones de pesos, Donaciones civiles: 61 millones de pesos Esto hace un monto total de 11 mil 015 millones de pesos.

3. ¿Quién tuvo y utilizó dicho dinero?

La verdad, verificable en las cuentas públicas federal y estatal, es la siguiente: 2 mil 877 millones de pesos, el 26% de los recursos, fueron depositados directamente a las distintas delegaciones federales en Chiapas. Dichos recursos no ingresaron a la Tesorería del Estado y, consecuentemente, el Gobierno estatal no intervino en su ejercicio. 4 mil 260 millones de pesos, el 39% de los recursos, constituyeron el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pagados directamente por BANOBRAS a contratistas de obra, previa comprobación presentada por dependencias federales y estatales. Tampoco ingresaron a la Tesorería del Estado y el Gobierno de Chiapas no participó en absoluto en su manejo. Solo el 35% del total de recursos para la reconstrucción (3 mil 878 millones de pesos ) fueron depositados al Gobierno estatal para pago de acciones u obras, siempre bajo las rigurosas reglas de operación correspondientes y con total transparencia, como fue la característica de la administración 2000-2006.

4. ¿Cuánto de este dinero se ejerció?

Al 8 de diciembre del año 2006, fecha de conclusión de la administración de Pablo Salazar, el avance financiero reportado fue el siguiente: 8 mil 934 millones de pesos (81%), habían sido pagados por las áreas y dependencias mencionadas como responsables de la administración y/o ejercicio de recursos. 2 mil 078 millones de pesos (19%) quedaron en caja bajo resguardo de los administradores: BANOBRAS con 1 mil 844 millones, para varios rubros, y el gobierno federal con 234 millones para vivienda.

5. ¿A dónde se fue el dinero?

Al 8 de diciembre del año 2006, los trabajos, recursos y avances físicos, representaron el 94% del ejercicio.

























6. ¿Sabes que se oculta información? ¿Por qué se ha escondido el resultado de la auditoría representativa que la Auditoría Superior de la Federación practicó a estos recursos?

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 se puede apreciar que el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación fue altamente favorable a la administración estatal 2000-2006.

Basta mencionar un ejemplo: el programa de vivienda de las administraciones federal y estatal, el más señalado por los portavoces sabinistas. En este rubro, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO (dependencia federal) por el 24% de los recursos debido a la falta de emisión de "bonos" (documento que debió firmar el beneficiario de la vivienda y que debería ser elaborado por esa dependencia federal). Al Instituto de Vivienda de Chiapas solo le observó el 1.7% de los recursos ejercidos. Todas las observaciones eran solventables porque estaba en proceso la integración documental para el cierre del ejercicio.



De acuerdo con la normatividad de la administración pública, las observaciones derivadas de una auditoría, así como los pendientes para terminar los programas son compromisos institucionales, no de personas. Por ello, correspondía al gobierno estatal actual, concluir los pendientes de dichos programas y solventar las observaciones. Evidentemente, no se ha querido desahogar por dolo, mala fe, incapacidad y omisión de los funcionarios en turno, así como del desorden que distingue a la actual gestión.

Es importante destacar que a este mismo programa, el gobierno de Juan Sabines lo auditó en 2007 y le "encontró" observaciones al ¡cien por ciento de los recursos!. Es absurdo porque equivale a decir que: no se limpió una sola de las más de 12 mil viviendas inundadas, no se distribuyó un solo paquete de materiales, no se construyó una sola casa, ni una acción de vivienda de las casi 28 mil que están a la vista, o no se construyó un solo fraccionamiento.


Por más que se empeñen, la realidad desmiente los afanes dañosos. Están de testigos la legión de empresas constructoras (estas sí chiapanecas), supervisores y los propios beneficiarios. Este es el mas claro ejemplo de la absurda distorsión que ha hecho el gobierno de Juan Sabines para mantener una permanente campaña negativa contra su antecesor.

7. ¿Has escuchado que dicen "no existe documentación comprobatoria del programa de vivienda de la reconstrucción"?





















Con razón, te preguntarás ¿cómo es posible que la Auditoría Superior de la Federación haya tenido a su alcance la documentación comprobatoria para fiscalizar los recursos y la administración de Juan Sabines niegue su existencia y de ahí concluya que son observables el cien por ciento de los recursos? Esta es otra de las mentiras de un gobierno que bajo este argumento pretende esconder el desorden y la anarquía con la que manejan los recursos, los inventarios y el patrimonio histórico gubernamental.

Al iniciar el gobierno de Juan Sabines, en una de sus ocurrencias, decidió cambiar de nombre al Instituto de la Vivienda (INVI). Lo rebautizaron como Promotora Estatal de Vivienda. En 2007, dependió de la Secretaría de Infraestructura (SINFRA); en 2008, de la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI); y, nuevamente en 2011, de SINFRA.


Contrataron un fideicomiso para liquidar el extinto INVI. Esto significa, que todo el archivo histórico del feneciente Instituto, incluida la documentación del Stan, comenzó un peregrinar. Primero a la SINFRA, luego a la SEMAVI, posteriormente al Fideicomiso Liquidador. En ese ir y venir, la documentación fue extraviada, traspapelada, o de plano arrumbada sin conocer su destino, por ambas instancias.


Al gobierno de Juan Sabines se le insistió en que la documentación había sido entregada en el relevo de las administraciones y que estaba debidamente comprobado en las actas respectivas de entrega-recepción. La comprobación del INVI apareció, efectivamente, arrumbada en una bodega en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las condiciones que se observa en esta fotografía y que demuestra la ligereza con la que los responsables de dar seguimiento al proceso de reconstrucción se han conducido.

8. Te has preguntado ¿Por qué siempre se habla de lo que ocurrió hasta el 2006? ¿Por qué, en más de cuatro años, no se ha concluido lo que quedó pendiente de la reconstrucción?

Precisamente por mala fe, pues al cierre del 2006, como ya se anotó líneas arriba quedaron en caja 2 mil 078 millones de pesos, programados justamente para terminar los rubros pendientes del Programa de reconstrucción.

Si el actual gobierno reconoce que no ha concluído, debería estar preocupado entonces por explicar el destino de esos recursos. Es más, con vergüenza, deberían informar al pueblo de Chiapas y a los damnificados que, a casi 6 años de su desgracia, el gobierno de Juan Sabines mantiene en el Fideicomiso que administra BANOBRAS, más de 400 millones de pesos sin ejercer, recursos que les dejó la anterior administración. En el colmo de la incompetencia, el Gobierno Federal les recogió el año pasado 141 millones 815 mil pesos, por no haberlos gastado.


Con la misma pasión y energía que empeñan en sus campañas mediáticas contra la gestión de Pablo Salazar y con la inversión de tiempo que ocupan en fabricar culpables, que expliquen cómo es que ante las obras inconclusas, no han querido o podido ejercer todos los recursos que les quedaron. Cuando una emergencia ocurre en el tránsito de dos administraciones, una que sale y otra que entra, el cumplimiento de las metas y objetivos del plan entrañan un compromiso de corresponsabilidad ética, política y jurídicamente inexcusables. La gente y sus necesidades debieran estar por encima de maniobras políticas.


El gobierno de Juan Sabines ha manifestado una y otra vez, que su antecesor no concluyó la reconstrucción y que se dejaron sin terminar algunos programas. No es un descubrimiento. Existe la verdad histórica y esos datos están registrados, con honestidad, en el último Informe de Gobierno. Repetirlo, en el quinto año de su gobierno, constituye una cínica confesión de incompetencia, desorden y grave irresponsabilidad.


A la sociedad no le debe resultar entendible cómo un gobierno, el de Pablo Salazar, que encaró la inmediatez de los hechos, la emergencia, la desesperación, la justificable irritación social y el dolor de los damnificados por las pérdidas, concluyó en menos de un año el 94% de las metas de la reconstrucción; y el otro, el de Juan Sabines Guerrero, en casi cinco años, no ha podido o querido resolver y atender el escasamente 6% restante. Si alguna obra queda por concluir, en vez de usar la desgracia humana como mercancia política, debería haberla ya terminado como era su obligación.

9. ¿Es cierto que no se incluyeron todos los daños y que hay trabajos "mal" hechos, incluso obras pagadas anticipadamente sin que se hubieran concluido?

Hay quienes creían que todo lo que faltaba en nuestros pueblos antes del desastre se podía incluir en el Programa de reconstrucción como parte de los daños causados por el huracán. Sin embargo, eso no es posible, porque todos los programas tienen reglas y deben de ajustarse a ellos. Todo el inventario de daños pasó por rigurosos filtros establecidos por la normatividad federal para definir qué problemas fueron, en estricto rigor, causados por el Stan. Los recursos que se asignaron se autorizaron después de haber cumplido con todas las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, coordinado por el gobierno federal. Por lo tanto, la reconstrucción solo repuso lo que ya existía antes de la presencia del huracán Stan.

Por otra parte, es factible y humanamente posible que existan casos de obras mal hechas o inconclusas, en razón de que, por mencionar algunas de ellas: se realizaron casi 40 mil acciones de vivienda, se reconstruyeron 721 vias de comunicación, entre caminos y puentes, se construyeron 42 kilómetros de bordos en ríos.


En ese universo de obras y acciones a ejecutarse en menos de un año, es posible que algún contratista haya cometido deficiencias. Sin embargo, para obligar a su corrección está el Gobierno del Estado, sin importar quién sea el titular.


Precisamente, la Ley de Obras Públicas vigente exige que los contratistas otorguen una fianza para concluir con los trabajos y responder por los vicios ocultos o por incumplimiento. La garantía los obliga a reparar cualquier insatisfacción que haya quedado por la obra. El Gobierno del Estado es quien tiene la obligación de hacer efectiva dicha fianza, con independencia de quién haya hecho la contratación. Solo que hay plazos límites y tiempos establecidos para que las dependencias correspondientes reclamen a los contratistas esa caución: un año después de recibida la obra.


Sin embargo, para mantener el lodo político en la reconstrucción, el gobierno de Juan Sabines dejó irresponsablemente correr los términos y no hizo efectiva ninguna de las fianzas. Por lo tanto, la terminación o corrección de lo que los contratistas no hayan hecho bien le correspondía a los funcionarios actuales, quienes en su momento tendrán que rendir cuentas por esta grave omisión.

En conclusión, la verdad sobre la reconstrucción de los daños del huracán Stan en Chiapas, se resume en que:

1. El gobierno de Pablo Salazar nunca tuvo en su poder 11 mil millones de pesos para los trabajos de reconstrucción. Únicamente el 35% de los recursos asignados estuvieron bajo la administración y el control del gobierno estatal, quien de acuerdo con una rigurosa fiscalización al más alto nivel, ausente de vicios o intereses, concluyó que se realizó en forma honesta.

2. La ejecución de los programas fue compartida entre dependencias del gobierno estatal y federal, prácticamente en partes iguales. Los alcaldes, quienes con gran responsabilidad jugaron un decisivo papel para conducir en sus municipios toda la energía social desbordada en esos momentos, solo manejaron magros recursos para construir puentes de hamaca.


3. 8 mil 934 millones de pesos fueron utilizados al cierre de la administración anterior; el resto, 2 mil 078 millones de pesos, quedaron en caja para cubrir los compromisos pendientes de atender por el Programa de reconstrucción que hasta hoy sigue inconcluso por decisión de quien debió terminarla desde hace mucho tiempo.


4. Existe un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que en términos generales aprueba un manejo correcto de los recursos, con observaciones en su mayoría solventables, y que en virtud de la conclusión del mandato constitucional del anterior gobierno, correspondió desahogar al gobierno de Juan Sabines. Si no lo hizo, cometió una falta más.


5. Ante algunas anomalías en las obras realizadas, el gobierno de Juan Sabines no activó las fianzas depositadas por las constructoras, por negligencia, descuido o porque creyeron que no haciéndolo les generaría una mayor rentabilidad político-electoral. Por ello, deberán asumir las consecuencias legales, políticas y enfrentar el reclamo de afectados y ciudadanos.


6. El manejo tendencioso, las mentiras repetidas diariamente durante ya más de cuatro años sobre el "robo" de los recursos de la reconstrucción o el "contubernio" de funcionarios anteriores con las empresas constructoras para hacer malas obras y la fabricación de culpables, solo corresponde a una sucia maniobra política, hoy renovada con fines estrictamente electorales.


7. Durante más de cuatro años, el anterior gobierno soportó en silencio todas las calumnias repetidas a través de una bien orquestada andanada mediática y una auténtica cacería de brujas. Por el supuesto "fraude" multimillonario contra los recursos de la reconstrucción, varios ex funcionarios de la pasada administración han pagado esta vendetta con su patrimonio, su prestigio y con libertad. Hoy, en la agonía de este gobierno, se recrudece el ambiente de linchamiento a través de personeros y medios al servicio del gobierno de Sabines. Como desde el principio, todo esto sobre la base de una amañada y dirigida "fiscalización" elaborada desde los órganos locales y, por supuesto, de la fabricación de responsabilidades por consigna.


8. Para no enrarecer más el enrarecido clima político en Chiapas, el gobierno de Pablo Salazar permaneció callado. Algunos lo mal entendieron como una concesión, al fin que "el que calla, otorga". No hay tal. Se actuó con responsabilidad en espera de que el actual gobierno mostrara una cordura que no lo caracteriza. Los chiapanecos ya saben que, de manera sospechosa, justo cada vez que se desarrolla o avecina un proceso electoral, el actual gobierno reactiva nuevas ofensivas de todo tipo, respecto de un evento que ocurrió hace casi 6 años. Ahora, se confirma la regla. Se trata quizá del último intento desesperado por revertir la buena opinión que la mayoría de los chiapanecos, gente de buena fe y con gran comprensión del momento que vive Chiapas, tienen del gobierno de Pablo Salazar.


9. Ha llegado la hora de decir ¡Ya basta!. Ha llegado el momento de defender la integridad y difundir la verdad del proceso de reconstrucción por todas las vías: la política, la jurídica y todos los mecanismos de comunicación actuales.

10. El Presidente Abraham Lincoln formuló una sentencia aplicable, hoy, en Chiapas: "Se puede engañar una parte del tiempo a todo el pueblo; se puede engañar todo el tiempo a una parte del pueblo, pero no se puede engañar todo el tiempo a todo el pueblo".


ADMINISTRACIÓN 2000-2006









CONFERENCIA DE PRENSA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS DEL LUNES DOS DE MAYO

Llegaremos hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del caso Stan: Procurador RLS

La Procuraduría General de la República inició cinco averiguaciones previas por diversos delitos, tras la denuncia de la Secretaría de la Contraloría quien detectó irregularidades en la ejecución de mil 29 millones 447 mil pesos

A la fecha, la Procuraduría de Chiapas ha realizado mil 826 diligencias que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la política de transparencia que impulsa el Gobierno de Chiapas, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los avances de las investigaciones en torno al desvío de recursos destinados para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan.


En este sentido, el funcionario chiapaneco recordó que tras la devastación sufrida en las regiones del Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca de Chiapas en el año 2005, se destinaron a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales y una mezcla de recursos del orden Federal y estatal, una cantidad superior a los 11 mil millones 105 mil pesos.


Sin embargo, agregó, ante una serie de anomalías denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Procuraduría de Chiapas ha iniciado 17 averiguaciones previas por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado y Fraude.


A la fecha, se han practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas.


“En dichas indagatorias, son investigados desde directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”, sostuvo.


Destacó que, toda vez que para la reconstrucción se destinaron fondos del orden federal, la Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con sede en la Ciudad de México, dio inicio a cinco averiguaciones previas en atención a la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría, luego de observar irregularidades en la ejecución de un total de mil 29 millones 447 mil pesos.


De esta forma y, en el marco del Convenio Interprocuradurías, la Procuraduría de Chiapas ha coadyuvado con la Procuraduría General de la República en el desahogo de 247 diligencias, entre inspecciones, dictámenes de obra, peritajes contables y declaraciones.


López Salazar, señaló que en las indagatorias iniciadas por la PGJE han quedado demostradas irregularidades en las Retenciones y descuentos a terceros no enteradas, Incumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes, Erogaciones improcedentes, Conceptos de obras pagados no ejecutados, volúmenes de obras pagados en demasía; deficiencias técnicas de construcción; incumplimiento a los contratos y convenios celebrados relativos a proyectos de inversión, adquisiciones y prestación de servicios y conceptos de obra pagados no justificados.


Motivo por el cual, “el Ministerio Público investigador ha acreditado la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales de La Concordia, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villaflores, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero; y de funcionarios públicos estatales”.


Asimismo, informó que en las últimas horas la Procuraduría cumplimentó órdenes de aprehensión giradas por los jueces competentes del fuero común en contra de Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del Estado, del ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y de los ex Síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz. Mismos que hoy se encuentran presos en “El Amate”.


“El Fiscal del Ministerio Público demostró que, en algunos casos, el pago de las obras fue cubierto al 100 por ciento a pesar de que no se encontraban concluidas o fueron realizadas con material de mala calidad, es decir, recibieron casas sin techo, sin puertas ni ventanas y sin servicio de energía eléctrica o drenaje”, enfatizó.


El abogado de los chiapanecos, manifestó que en otros casos, a poco tiempo de su entrega, las casas presentaron serias afectaciones en su estructura, filtraciones y cuarteaduras de muros.


Lo anterior, “manifiesta el actuar de servidores públicos que estaban obligados a supervisar y ejercer la correcta captación, aplicación, manejo y administración de los recursos públicos destinados para la reconstrucción en beneficio de los damnificados”.


En este contexto, refrendó el compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de todos los servidores públicos involucrados, sin excepción alguna, que hayan desviado los recursos económicos para sí o para otros, que tenían como destino original devolverle la tranquilidad y el bienestar a miles de chiapanecos afectados por el fenómeno natural.